Fiscalía pide prisión al alcalde y una concejal de Almonte (Huelva) por publicar una conversación de miembros del PSOE

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 14:04

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Huelva ha solicitado tres años de cárcel para el alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, por un presunto delito de revelación de secretos por autoridad pública, y cuatro años y seis meses para la concejal María Victoria Cáceres, --ambos de Ilusiona--, por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad pública por revelar una conversación de móvil del alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE).

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, supuestamente la concejal había realizado una foto de una conversación de móvil entre el alcalde de Bonares y el concejal del PSOE en el Ayuntamiento almonteño José Miguel Espina en un Pleno de la Mas, que más tarde exhibió durante un Pleno del Consistorio del municipio. Por ello, además de las penas de prisión solicita para ambos una indemnización de 3.000 y 5.000 euros.

Señala el escrito que el 8 de febrero de 2024 se celebró en el Teatro Salvador Távora de Almonte el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), al que acudió la acusada, María Victoria Cáceres, en su condición de segunda teniente de alcalde y concejal delegada del Área de Sostenibilidad, Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento Almonteño.

Así, indica que "aprovechando que se encontraba ubicada en una fila de asientos justo detrás" del alcalde del Ayuntamiento de Bonares, Juan Antonio García, "se percató de la conversación por medio de la aplicación de Whatsapp que el mismo mantenía con el concejal del Ayuntamiento de Almonte, José Miguel Espina".

En este sentido, señala el escrito, la acusada, "a sabiendas de que los implicados en dicha conversación por mensajería instantánea desconocían que se estaba inmiscuyendo en el contenido de la misma y que en ningún caso había sido autorizada para su visualización o captación, extrajo su propio terminal telefónico, abrió la aplicación de la cámara y haciendo uso del zoom, fotografió la pantalla del teléfono de Juan Antonio García" donde se visualizaba el mensaje: "Esta es la propuesta que le mandamos al ministerio y el escrito con nuestros criterios".

Así, el concejal, según recoge el texto, respondió "con el emoji o emoticono de una mano cerrada con el pulgar hacia arriba". Además, en la interfaz o formato de la conversación de Whatsapp "se reflejaba en la parte superior la identificación del interlocutor y en la esquina superior izquierda la imagen de perfil, consistente en una fotografía en la que aparecían familiares del mismo, algunos menores de edad".

MUESTRA EN EL PLENO DE ALMONTE

Posteriormente, según el relato de los hechos de Fiscalía, el 9 de febrero de 2024, durante un Pleno del Ayuntamiento de Almonte, "en un momento dado, la acusada "abandonó el estrado en el que se encontraba y acudió a recoger una carpeta que contenía una impresión de la fotografía que había realizado el día anterior".

De este modo, señala que "con intención de causar una merma en el prestigio y la imagen pública del concejal que se encontraba presente en dicho Pleno, le facilitó dicha carpeta con la impresión indicada al acusado, Francisco Bella, que ejercía el cargo de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almonte".

A continuación, según el escrito, en dicho Pleno del Ayuntamiento, durante el punto número 9 del Orden del Día correspondiente a 'Expediente 1220/2024. Grupos Políticos-Reparto de Fondos destinados a la zona de influencia socio económica del Parque Nacional de Doñana', el acusado "extrajo de la carpeta facilitada por la acusada la fotografía de la conversación de mensajería indicada, a sabiendas de que se habían realizado sin la autorización ni la aquiescencia de ninguno de los dos partícipes en la misma y, con la intención de menoscabar el prestigio y la imagen pública del concejal en la oposición".

Además, el texto recoge que durante el Pleno, el alcalde expresó: "Pues a mí me pasan una foto del teléfono del Alcalde de Bonares donde José Miguel Espina, de Almonte, dice, ante la propuesta, esta es la propuesta que le mandamos al ministerio y el escrito con nuestros criterios, y tú le pones esta carita; ¿esto qué quiere decir?, ¿que no estabas de acuerdo con él?, ¿que no la conocías?; el problema al final es matar al mensajero".

"¿Quién hizo la foto? Yo no sé quién hizo la foto, aquí está la foto y me la han mandado. ¿Tú no lo conocías? Tú has dicho aquí en varias ocasiones que tú no conocías el acuerdo y que tú no habías participado en nada de esto y resulta que tú le has dado el visto bueno a la propuesta que ellos han hecho para mandar al Ministerio", continúo el alcalde, según recoge el escrito.

Además, señal Fiscalía que el Pleno del Ayuntamiento de Almonte de 9 de febrero de 2024, fue objeto de grabación y retransmisión en directo por Doñana Comunicación S.A., así como el vídeo correspondiente a dicha sesión plenaria fue colgado en el canal de Youtube Doñana Comunicación, donde aún se encuentra disponible para su visualización.

DELITOS IMPUTADOS Y PETICIONES

De este modo, el Ministerio Fiscal considera que todos estos hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad publica y un delito de revelación de secretos por autoridad pública.

Por ello, la Fiscalía pide para la concejal María Victoria Cáceres, cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos e inhabilitación absoluta durante el periodo de diez años; mientras que para el alcalde almonteño solicita, por el delito de revelación de secretos, la pena de tres años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de doce euros y la inhabilitación absoluta durante el periodo de diez años.

Asimismo, los acusados deberán indemnizar, "conjunta y solidariamente", a José Antonio García el importe de 3.000 euros por el "daño moral causado por la intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad", y al concejal José Miguel Espina el importe de 5.000 euros por "el daño moral generado al mismo".

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