HUELVA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Puesto Principal de Cartaya (Huelva), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han procedido a la detención de M.A., de 38 años, de nacionalidad marroquí, con domicilio en Cartaya, como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores y tener contratados, al menos, a dos inmigrantes de forma ilegal en su negocio.
La detención se efectuó a las 08,15 horas de la mañana de hoy en el taller de confección sito en el número 8 de la Calle Almendral, en el momento en que se inició la jornada laboral. A la llegada de los agentes de la Guardia Civil se encontraban en el interior de dicho local, además del detenido, siete trabajadores inmigrantes de origen marroquí, cinco legales y dos ilegales, según expresó la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.
Cuando los agentes accedieron al interior del taller de confección, encontraron que ocho personas compartían, con varías máquinas textiles, una superficie de 43 metros cuadrados, en unas condiciones de "total hacinamiento, sin ventilación y con escasa iluminación".
En el registro realizado en el mencionado local, ahora convertido en taller, los agentes de la Guardia Civil, provistos del oportuno Mandamiento de Entrada y Registro, se incautaron de abundante documentación relacionada con la contratación laboral ilegal de ciudadanos extranjeros.
La investigación de esta operación que ahora ha finalizado con total éxito, se inició hace algo más de dos meses, al tener conocimiento la Guardia Civil, previa denuncia, de que los trabajadores inmigrantes durante su jornada laboral en dicho taller recibían por parte del detenido constantes tratos vejatorios, humillaciones, insultos, amenazas e, incluso, agresiones físicas, habiendo recibido en este periodo de tiempo, como pago, únicamente 200 euros a repartir entre todos ellos, indicándoles que les había descontado el alquiler de la vivienda en las que vivían, habiendo calificado su situación como de "semiesclavitud".
LA LLEGADA A ESPAÑA.
La venida de estos inmigrantes a España fue facilitada por el imputado, previo pago de 7.500 euros cada uno, a los que prometió, una vez regularizada su situación, unas condiciones de trabajo y salario posteriormente incumplidas, que incluía unos beneficios mínimos por su trabajo en un taller de confección de unos 1.000 euros y alojamiento sin ningún coste, al ser la vivienda propiedad del empresario, siendo, por el contrario, sus condiciones actuales de "auténtica explotación laboral".
Las víctimas, que tienen una Autorización de Residencia y Trabajo por un período de un año, con contrato a tiempo parcial de cuatro horas, vienen haciendo jornadas de trabajo diarias de hasta 18 horas, comenzando a las 08,00 horas y finalizando, "dependiendo de las exigencias del empresario", unos días a las 23,00 horas, otro a las 24,00 horas e, incluso, en ocasiones a las 01,00 o 02,00 horas del día siguiente, con descanso de una hora y media para comer, librando algunas veces los domingos, y "otros son obligados a trabajar mediante amenazas".
Estas amenazas,"que reciben diariamente por parte de este empresario marroquí, son argumentadas por el mismo diciéndoles que es una persona muy peligrosa y ex-presidiario", según explicó la Subdelegación.
La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que, en unión del detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de los de Ayamonte.
