HUELVA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva ha acordado imputar al decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, J.A.M.; al tesorero, S.E.L. y al interventor, B.J.M., en la investigación que se está realizando por la desaparición de 700.000 euros de la sede del colegio profesional.
En el auto notificado por el juez, el mismo señala que estos tres cargos pueden haber cometido un presunto delito de comisión por omisión de apropiación indebida, al considerar que, por sus cargos, son responsables de la custodia de los bienes de la institución, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota.
En esta misma causa, el juez ya imputó al gerente y secretario del Colegio, Casto Pino, que también fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aljaraque entre 2003 y 2007 por el PP. El mismo se acogió a su derecho a no declarar el pasado 30 de septiembre. En esa misma semana, se tomó declaración a otras personas en relación a este asunto, con el que también están relacionados su esposa y al asesor contable de dicho colegio.
Por estos hechos, estos tres últimos fueron detenidos el pasado mes de mayo, y puestas en libertad a continuación, por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales, contando con antecedentes penales Casto Pino y el asesor contable por delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello tras el inicio de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el propio colegio.
Las investigaciones se iniciaron nueve meses antes en los que los agentes han analizado la contabilidad de los diez últimos años del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, hallando "evidencias de graves irregularidades con importantes disposiciones de dinero sin justificación documental, así como pago de facturas y transferencias a terceros ajenos a la actividad colegial".
Por ello, el pasado mes de mayo la Policía llevó a cabo tres registros. El primero de ellos en una finca en el termino municipal de Alonso, lugar al que se desplazó el juez de instrucción en un helicóptero de la Policía Nacional, en unión del secretario judicial y responsables policiales, con el fin de realizar una inspección ocular tanto de la finca como de la vivienda, según informó en aquellas fechas la Subdelegación del Gobierno.
Posteriormente se realizaron registros en su domicilio de la Dehesa Golf de Aljaraque y en un apartamento de la localidad de Punta Umbría en los que se intervinieron "gran cantidad de documentación, material informático, así como bienes que habían sido abonados a cargo del Colegio profesional".
