Mónica Rossi promete impulsar la bajada de impuestos a autónomos, beneficiando a más de 3.000 en Huelva

Mónica Rossi en el mercadillo de Trigueros (Huelva).
Mónica Rossi en el mercadillo de Trigueros (Huelva). - FRENTE AMPLIO
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 16:38

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por Huelva de la coalición Senado de Progreso, Mónica Rossi, ha defendido una reforma fiscal que permita bajar los impuestos y reducir las cargas económicas y administrativas de los más de 30.000 trabajadores autónomos de la provincia.

Según ha informado Frente Amplio en una nota, la propuesta forma parte del programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y se enmarca en un modelo fiscal que plantea exigir una mayor contribución a las grandes fortunas. Así, la candidata ha defendido que la política fiscal "debe distinguir entre quienes obtienen sus ingresos de un pequeño negocio o de su propio trabajo y quienes acumulan grandes patrimonios".

Desde esta perspectiva, Rossi ha planteado aliviar las obligaciones fiscales de los autónomos con menor facturación y reforzar la tributación de las rentas y patrimonios más elevados. Entre las principales medidas figura la implantación del IVA franquiciado para autónomos y microempresas que facturen menos de 85.000 euros anuales, de manera que queden exentos de las liquidaciones trimestrales de este impuesto y únicamente tengan que presentar una declaración informativa anual, en los términos recogidos en el programa electoral.

De este modo, la propuesta pretende reducir tanto las obligaciones fiscales como los gastos de gestión que soportan los pequeños negocios. Así, Frente Amplio ha vinculado esta reducción de la presión fiscal sobre los pequeños negocios con una reforma tributaria dirigida a incrementar la aportación de quienes disponen de mayor capacidad económica.

En este sentido, Rossi ha respaldado la propuesta anunciada por la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, de establecer un impuesto sobre los grandes patrimonios, denominado Tax the Rich, con un gravamen anual del dos por ciento para fortunas superiores al millón de euros y del tres por ciento para aquellas que superen los 50 millones.

Por otra parte, Lla coalición también ha planteado revisar la tributación efectiva de las grandes empresas y entidades financieras. Según las estimaciones difundidas por Frente Amplio, el conjunto de sus reformas fiscales permitiría recaudar más de 10.000 millones de euros para financiar servicios públicos y pensiones.

No obstante, la posición defendida por Rossi combina una menor carga fiscal para los trabajadores por cuenta propia con una mayor aportación de las grandes fortunas, bajo el principio de que la contribución tributaria debe ajustarse a la capacidad económica.

PROTECCIÓN PARA QUIENES NO LLEGAN AL SALARIO MÍNIMO

Otro de los compromisos de Frente Amplio consiste en establecer un régimen de cotización bonificada para los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el salario mínimo interprofesional (SMI), sin que ello suponga "una pérdida de derechos de protección social".

Esta medida está dirigida especialmente a quienes atraviesan dificultades económicas durante el inicio de su actividad o sufren una caída de ingresos, una situación que puede afectar a pequeños comerciantes, profesionales independientes y trabajadores de sectores estacionales de la provincia de Huelva.

Asimismo, la coalición también propone una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar la exoneración de deudas, incluidas determinadas deudas públicas, cuando un trabajador por cuenta propia no pueda mantener su actividad económica.

Paralelamente, Rossi ha incorporado a estas propuestas la necesidad de prestar especial atención a las mujeres que trabajan por cuenta propia. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, Huelva contaba al cierre de 2025 con 10.800 mujeres afiliadas al régimen de autónomos, aproximadamente el 36,6% del total provincial.

Al hilo, la candidata ha considerado necesario abordar las dificultades que pueden afrontar las autónomas para mantener sus negocios y compatibilizar su actividad profesional con las responsabilidades familiares y de cuidados.

En este ámbito, las medidas de cotización bonificada para ingresos inferiores al SMI, la reducción de obligaciones administrativas y la mejora del acceso a la financiación se presentan como "instrumentos que también pueden contribuir a mejorar la protección económica de las autónomas".

Igualmente, la coalición ha defendido que las políticas de empleo y protección social deben tener en cuenta las desigualdades económicas y de género, evitando que el trabajo por cuenta propia se convierta en una actividad desarrollada sin suficientes garantías de estabilidad y seguridad económica.

FRENAR LOS ABUSOS DE LOS BANCOS Y PROTEGER EL COMERCIO LOCAL

El programa electoral incorpora además una línea de financiación pública del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 3.000 millones de euros anuales, para autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores. Los préstamos tendrían un interés equivalente al euríbor más un punto porcentual.

En una provincia como Huelva, donde el pequeño comercio, la hostelería, la agricultura y los servicios tienen una importante presencia, "esta financiación podría facilitar la modernización de negocios, la adquisición de equipamientos y la mejora de su eficiencia energética".

Por otra parte, Frente Amplio también propone limitar las subidas de los alquileres de locales comerciales y garantizar contratos de al menos cinco años para proteger la continuidad de los establecimientos de proximidad.

A ello se añade el establecimiento de sanciones efectivas contra las grandes empresas y administraciones que incumplan los plazos legales de pago, así como la aplicación del IVA de caja para evitar que los autónomos tengan que adelantar impuestos correspondientes a facturas que todavía no han cobrado.

Por último, la coalición ha planteado reforzar la economía social, impulsar las cooperativas y modificar la contratación pública para que los criterios sociales, laborales y ambientales representen al menos el 51% de la valoración de las ofertas. Con este conjunto de medidas, Rossi sitúa la protección del trabajo autónomo, el mantenimiento del empleo y la defensa del pequeño comercio entre las prioridades que Senado de Progreso pretende trasladar a la Cámara Alta.

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