SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) aprobó hoy por unanimidad el Dictamen sobre el Proyecto de Decreto, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, remitido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
En un comunicado, el CES valoró "positivamente la elaboración de este decreto que viene a establecer "un marco normativo claro y conciso" y a aportar la seguridad jurídica que requieren este tipo de instalaciones". Además, resaltó la importancia de éstas al considerar que contribuyen al desarrollo empresarial en los sectores implicados.
Consideró que "la dinámica y fuerte evolución" que ha tenido la implantación de plantas solares fotovoltaicas en Andalucía requiere un tratamiento ágil, integrado y eficaz que "no sólo clarifique y simplifique la tramitación administrativa que requiere este tipo de proyectos, sino que además ofrezca garantías que eviten el oportunismo y la especulación".
Por otra parte, sugirió que la solicitud de inclusión en el Régimen Especial, que debe hacerse como paso previo a la puesta en marcha de las instalaciones solares, pueda solicitarse en paralelo a la autorización administrativa.
Del mismo modo, señaló que sería conveniente suprimir como trámite previo la presentación del contrato de suministro de los módulos fotovoltaicos, ya que este tipo de contratos "no se firman hasta la obtención de la licencia de obras y, por consiguiente, su presentación en el momento inicial del procedimiento puede ocasionar importantes costes de inversión a los promotores, cuando aún no existe la seguridad de obtener la licencia".
Además, el CES-A sugiere que en relación con la obtención de la condición de instalación de producción acogida al Régimen Especial se establezca el plazo para resolver y notificar la resolución cuando la competencia corresponda a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Por último, recomendó que el nuevo decreto tenga en cuenta la 'Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental', que regula la tramitación ambiental de las instalaciones fotovoltaicas, según el tamaño de las mismas, a fin de compatibilizar, agilizar y simplificar ambas tramitaciones.
