SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de juristas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla han iniciado un análisis para dilucidar cómo afecta el nuevo Estatuto de Andalucía a los derechos sociales y su grado de protección desde una perspectiva tanto estatal como europea, según señaló Andalucía Innova en una nota.

Para el coordinador del 'La construcción del Estado Social en el ámbito autonómico y Europeo', Manuel Terol, este documento "es un instrumento de primera magnitud para la realización de políticas sociales". "En el nuevo texto estatutario se han revalidado y ampliado derechos de índole social enunciados en la Constitución, apurando al máximo el marco permitido por la misma", añadió.

Este trabajo, realizado con la colaboración de investigadores de las Universidades de Sevilla, Granada y Córdoba, ha sido calificado de Excelencia por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y recibió un incentivo de 400.000 euros. Asimismo, contó con "alguna pequeña financiación ocasional", procedente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia.

Según explicó Terol, con los Estados descentralizados se ha producido un "desplazamiento de las políticas del bienestar hacia la periferia", mientras que la construcción del Estado de Bienestar "exige de la acción del legislador, ante cuya inactividad", resulta interesante la búsqueda de mecanismos y de estrategias jurídicas, gracias a las cuales los ciudadanos puedan ejercer y proteger sus derechos sociales". "Enunciar los derechos es fácil, lo difícil es protegerlos", afirmó.

En este sentido, aseguró que "a veces falta la protección legislativa", por lo que el ciudadano pone su "esperanza" en los tribunales. En este sentido, mencionó el "decisivo papel" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y del Comité Europeo de Derechos Sociales.

"Desde sus inicios, la Unión Europea descuidó el asunto de los derechos sociales por considerar que de ello ya se ocupaban los Estados miembros", sentenció el catedrático de la UPO, que consideró que en Andalucía, "dada la juventud del texto estatutario reformado, ciertamente esperanzador en el terreno social, habrá que dar tiempo al legislador autonómico".