El fiscal reitera que "sí hay pruebas independientes legítimamente obtenidas" para mantener la acusación al margen de las escuchas
MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los acusados en el segundo bloque del juicio por el denominado caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), se han acogido a su derecho a no declarar respecto de este apartado que versa acerca de supuestas contraprestaciones y pagos por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento.
Este bloque cuenta con 14 procesados, entre ellos el alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos; funcionarios municipales, como el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, y empresarios. Estaba previsto que la vista oral continuara esta semana, pero al no declarar los acusados, finalmente se retomará el día 21 de marzo.
Sí ha declarado el que fuera concejal de Hacienda Manuel Reina, quien llegó a un principio de acuerdo al comienzo del juicio con el fiscal, tras enviarle dos cartas manuscritas desde prisión; y también ha respondido, aunque solo a preguntas de su abogado, el exarquitecto municipal Arturo Cebrián. Además, otros dos acusados han realizado una breve declaración.
En este segundo bloque, para el fiscal, en el Ayuntamiento, "antes y después de las elecciones de 2007", hubo ocasiones en que "por decisión" del entonces alcalde y del que era su jefe de gabinete "se supeditó la concesión de estas licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales del PSOE, o favores de tipo personal".
Para esta acusación, "se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias". Añade que "esta práctica irregular fue detectada a través de las intervenciones telefónicas autorizadas", que ahora han sido anuladas por el Tribunal del caso al estimar la cuestión previa planteada por las defensas por no realizarse de forma justificada.
En este sentido, uno de los letrados defensores ha expuesto en la sesión de este lunes una aclaración sobre esas intervenciones telefónicas y su relación con el bloque, señalando que para el fiscal la fuente de conocimiento de este apartado "son las escuchas" que han sido anuladas, por lo que considera que "las pruebas no existen y están contaminadas".
Al respecto, ha indicado que "el estado actual del escrito de acusación es un espacio en blanco", por lo que ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre la situación "dada la carencia absoluta de otro medio probatorio". Otros letrados se han sumado a esta petición al ministerio público.
El fiscal, por su parte, ha dicho que asume las consecuencias del auto de cuestiones previas, "lo comparta o no", y ha señalado que no sabe si va a mantener las acusaciones en este bloque, "entre otras cosas porque es algo que no depende del fiscal actuante, sino que en ocasiones tiene que elevar consulta", pero sí ha dicho que en este momento no va a renunciar a ninguna de las pruebas y va a continuar.
Ha afirmado que defenderá que "sí hay pruebas independientes legítimamente obtenidas que podrían servir de apoyo para sostener, si no toda, parte de la acusación" y ha indicado que se basará, sin renunciar a pruebas testificales, en documentos intervenidos en los registros y en otros que "sostienen la sospecha razonable de que algunas transacciones económicas coinciden sospechosamente con el otorgamiento de licencias".
DECLARACIONES
En cuanto a las declaraciones que sí se han producido, el exconcejal Manuel Reina ha respondido sobre la comunicación que remitió a la Fiscalía de Málaga en la que informaba de su disposición a colaborar y admitía algunos hechos; y también en concreto a preguntas sobre supuestas contraprestaciones por las obras del Club Oasis, apuntando que era un momento de mucha actividad en Urbanismo.
Así, ha explicado que ante "la necesidad que teníamos de financiar gasto corriente, muchas veces en mi caso acudía a algunos empresarios para decirle: te agilizo la tramitación de tal licencia, sin que ello suponga algo ilegal, salvo el no respetar los plazos". Ha señalado que en este caso se pidió "si pudiera echar una mano" con inversión publicitaria y con otra cantidad supuestamente para el PES.
Reina ha apuntado que "muchas veces ese ofrecimiento se quedaba ahí y en muchas ocasiones las cosas salían no porque interviniese un concejal u otro sino porque la Administración funciona". En cuanto a Personal, ha señalado que como no había presupuesto al inicio se hicieron contrataciones a través de las sociedades municipales y se daban los complementos de productividad según decía dicha área.
En cuanto al que fuera arquitecto municipal, ha contestado las preguntas de su abogado sobre dicho expediente urbanístico y ha defendido que su cambio de opinión respecto a esta licencia "no tuvo razón espuria", precisando que posteriormente cuando ya era alcalde David Valadez "nadie cuestionó si esas obras estaban pasando lo legalmente establecido".
Asimismo, ha respondido a cuestiones planteadas por el presidente del Tribunal sobre unos pagos y respecto a los ingresos en metálico en sus cuentas que se señalan en un informe de los investigadores, apuntando en este punto que fueron "antes de entrar en el Ayuntamiento".
Además, dos procesados han realizado una breve declaración, se trata del empresario Armando Pérez, quien ha defendido que siempre actuó "con total honestidad y dentro del marco legal", apuntando que "nadie me ha pedido ni yo he ofrecido a nadie ni he dado cantidad alguna".
Por su parte, Jamal Satli Iglesias ha señalado que después de 15 años esta acusación le ha creado "unos daños y perjuicios tremendos a mis intereses económicos por un reloj que ni he regalado ni tengo nada que ver con él y por un tema de una licencia que el propio Ayuntamiento nos tiene que indemnizar". "Lo digo simplemente por desahogo", ha apuntado.
