MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha condenado al menor acusado de la muerte de María Esther, de 13 años, en la localidad malagueña de Arriate a ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada. Además, ha fijado una indemnización para la familia de 220.000 euros, según ha confirmado la abogada de la acusación particular, Bárbara Royo.
El juicio, que se celebró a puerta cerrada, comenzó el pasado día 2 de noviembre y tras cinco sesiones quedó visto para sentencia el pasado miércoles día 9. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en representación de la familia de la niña, mantuvieron la acusación por asesinato y la petición de la pena máxima que permite la ley, a lo que ha sido condenado.
El padre de la víctima, Juan Jiménez, ha asegurado que "dentro de lo que cabe estamos contentos" y ha considerado que tanto su abogada como la Fiscalía de Menores "han hecho un buen trabajo". Además, ha dicho en declaraciones a Europa Press que confiaban en que se produjera este resultado.
La letrada ha explicado que el juez ha tenido en cuenta sobre todo las pruebas de ADN "junto con las fibras que aparecieron y las testificales, como refuerzo", además de la autopsia "en cuanto a que no fue un homicidio sino un asesinato porque no pudo defenderse" y los informes de los psicólogos sobre la imputabilidad del menor acusado.
Además, la abogada de la familia ha indicado a Europa Press que la sentencia, que no es firme y por tanto se puede recurrir ante la Audiencia de Málaga, "da por probado que toda la investigación se ha hecho de forma correcta". A lo largo del juicio, esta acusación defendió la validez de las pruebas biológicas y mantuvo que se respetaron todos los derechos fundamentales del acusado.
El menor, por contra, se declaró inocente, como ya hizo en la anterior comparecencia ante el juzgado. Su abogado, Andrés Gálvez, pidió la libre absolución y cuestionó la investigación, argumentando que no existían garantías de que el proceso se hubiera llevado correctamente, por lo que consideró que el resultado "nunca puede ser objetivo, está viciado de nulidad".
Durante la celebración del juicio, al cumplirse el periodo máximo de nueve meses previsto por ley de internamiento preventivo, el mismo juzgado acordó una medida de convivencia en grupo educativo, es decir, el ingreso en un piso tutelado, además de decidir el alejamiento del joven de Arriate tras solicitarlo la Fiscalía y la acusación particular. Esta decisión fue recurrida por la defensa.
