MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los letrados del dueño de la finca donde está el pozo en el que murió Julen en enero pasado tras caer en él señalan que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces de la existencia de pozos.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó el pasado mes la apertura de juicio oral contra David Serrano por un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que la Fiscalía solicita que se le imponga una pena de tres años de cárcel y la acusación particular, en representación de los padres del niño, tres años y medio de prisión.
En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados del único acusado niegan "rotundamente" los hechos por los que ha sido acusado su cliente según se recoge en los escritos de calificación provisional de las acusaciones, considerando que "han resultado interesadamente falseados con el tiempo a tenor de los desmentidos de las primeras declaraciones".
Así, en dicho documento, remitido ya al juzgado que ha investigado el caso, los letrados insisten en que, "como ya hemos defendido hasta el hartazgo", su cliente sí aviso de que había pozos, citando declaraciones realizadas por el padre del pequeño. Asimismo, apuntan a que era "imposible" que no viera la perforación teniendo en cuenta que la finca era pequeña.
Esta parte muestra "sorpresa" por las manifestaciones de las acusaciones sobre que el acusado "movió los bloques de hormigón y, faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el agujero del pozo", que para la defensa demuestra "la parcialidad y ausencia de rigor al instruir". Al respecto, se señala que el padre de Julen en sus declaraciones "da fe de que el acusado tapó el pozo el día".
Los letrados de David Serrano hacen hincapié en que "no puede sostenerse" la calificación de los hechos como un delito de imprudencia grave, debido a la "imposibilidad de haber previsto el riesgo de que el cuerpo del niño se desplazara por un agujero de tan pequeño diámetro" y por "inexistencia de negligencia al haber avisado varias veces de la existencia de pozos".
Además, aluden a la ausencia de infracción del deber objetivo de cuidado, "en tanto que también tapó el pozo con los cantillos"; a que "era imposible que el acusado estuviese vigilando al niño, ya que según la distribución de tareas de aquel día tendrían que haber estado a su cuidado los padres" y a una falta de relación causa-efecto.
Por último, también discrepan de la existencia de una responsabilidad civil o pecuniaria, al considerar que no existe delito "y menos aún imputabilidad al acusado".
Reiteran la vulneración de derechos fundamentales, al haberse negado a la defensa las diligencias solicitadas durante la instrucción, proponiendo de hecho de cara a la celebración del juicio la práctica de careos que fueron denegados --entre el acusado y el padre del niño o con el hombre que hizo el pozo-- y otras pruebas que en su momento también fueron rechazadas.
