La iniciativa persigue que lo incautado sirva para saldar la deuda heredada que el Ayuntamiento mantiene con la Seguridad Social
MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha anunciado este jueves que el grupo de los 'populares' en el Senado va a presentar la próxima semana una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para que el dinero recaudado mediante multas o bienes incautados del caso 'Malaya' revierta en la localidad malagueña de Marbella.
Bendodo, en rueda de prensa junto con los senadores malagueños Joaquín Ramírez, Avelino Barrionuevo y María Teresa Otero, y la presidenta del PP de Marbella y portavoz municipal, Ángeles Muñoz, ha indicado que las multas impuestas por la sentencia de dicho caso de corrupción "tienen que servir para ir pagando la deuda que tiene Marbella con la Seguridad Social" hasta que ésta quede "completamente compensada".
En concreto, dicho débito, generado durante la época del exalcalde Jesús Gil, se sitúa en torno a los 250 millones de euros, según ha asegurado. Esta cifra coincide con lo que la sentencia del caso 'Malaya' espera recaudar una vez se ejecuten las multas y se incauten los bienes pendientes, por lo que esta compensación se irá haciendo de forma gradual, ha precisado.
"Es un paso definitivo para que Marbella pueda borrar su pasado negativo", ha subrayado el presidente de los 'populares' malagueños, que de esta forma considera que se puede continuar con la senda iniciada por el PP al frente de la Alcaldía en 2007, "momento desde el cual se empezó a trabajar para que los ciudadanos recuperaran el orgullo de ser de Marbella y para devolver la decencia democrática que fue lastrada por el socialismo y por el gilismo", ha apuntado. Además, ha manifestado que espera que la iniciativa cuente con el apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara Alta.
Por su parte, Muñoz ha indicado que ha sido posible "tener viabilidad económica en el Ayuntamiento" debido a "la voluntad política" del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando introdujo una disposición adicional en los PGE de 2012 para que "la deuda que manteníamos con la Seguridad Social y con Hacienda", que ha situado en 300 millones de euros, "tuviera un plazo de amortización a 40 años y unos intereses de un uno por ciento", además de que todos los bienes que se fueran obteniendo por los procesos judiciales sirvieran para pagar esa deuda.
VOLUNTAD POLÍTICA
En un primer momento la Audiencia Provincial reconoció que era de justicia que Marbella se viera resarcida con el dinero obtenido por la ejecución de la sentencia de este macrocaso, pero el Tribunal Supremo rechazó esta posibilidad por no ajustarse a la legalidad, ha señalado la también exalcaldesa de la localidad, al frente de cuyo Consistorio estuvo de 2007 hasta el pasado mes de junio.
"Ahí entra la voluntad política", ha recalcado la presidenta de los 'populares' de Marbella, que ha valorado y agradecido el esfuerzo de la formación y de los diputados y senadores del PP malagueño para dotar de seguridad jurídica y de legalidad a una reivindicación con la que "se cierra una etapa y todos los que saquearon Marbella serán los que tengan que pagar la deuda pendiente".
Asimismo, ha emplazado al PSOE a que se una a esta reivindicación, y ha recordado que cuando en 2010 la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, --entonces en la oposición durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero--, presentó una enmienda en los mismos términos que el grupo socialista rechazó.
