MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de La Viñuela (Málaga) Juan Millán ha mostrado su conformidad con la acusación por un delito urbanístico, en relación con la concesión de una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar; pero ha negado que ayudara a dos promotores, acusados también en este procedimiento, a la presunta estafa de la persona que compró dicho inmueble.
La Sección Segunda de la Audiencia ha acogido este miércoles el juicio contra estas tres personas. La Fiscalía sólo acusa a Millán por un delito de prevaricación urbanística y solicita nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación, según el acuerdo de conformidad alcanzado en su día con el exregidor, que ya cumplió condenas por este pacto y que ahora se ha mostrado a favor de la pena solicitada.
Pero, la acusación particular, que representa los intereses de la mujer que compró la vivienda, acusa al exalcalde, además, como cómplice en un delito de estafa, solicitando, aparte de los nueve meses de prisión, otros dos años de cárcel. A los dos promotores de la vivienda los acusa de estafa e insolvencia punible, pidiendo nueve años de cárcel para cada uno, más multa.
El exregidor ha asegurado que firmaba "todo lo que me ponían por delante" y que estaban esperando que se aprobara por parte de la Junta de Andalucía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), admitiendo que la parcela estaba en suelo rústico; aunque ha negado que supiera entonces quién pedía el permiso y ha incidido en que la licencia se tramitó igual que todas las otras.
Juan Millán se presentó voluntariamente en noviembre de 2011 en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena de 27 meses de prisión, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y mostrarse conforme en una docena de causas por delitos contra la ordenación del territorio con una pena de nueve meses de prisión, cada uno.
LOS PROMOTORES
En lo que respecta a los promotores de la vivienda, procesados en esta causa, han negado este miércoles las acusaciones y ha asegurado que pidieron la licencia de obras y se les concedió, por lo que comenzaron a construir; insistiendo en que no sabían que finalmente no se iba a conceder el permiso de primera ocupación. Uno de ellos ha señalado que no sabía si era suelo rústico.
Han declarado que les aseguraban que "la aprobación del PGOU iba a ser inminente", por lo que actuaron así; y han manifestado que no sabían que estaban vendiendo una vivienda que no se podía habitar. Además, han negado que quisieran desviar bienes a otra empresa, indicando que fue un "error involuntario" que la parcela donde está la casa no estuviera registrada a nombre de la promotora.
Uno de los acusados ha indicado que cuando se dieron cuenta de que no se le podía dar la licencia de primera ocupación, intentaron poner una solución al problema y le ofreció a la compradora cambiar la casa por otra que tenía la promotora en otro lugar; aunque ha apuntado que en ese momento, la perjudicada, lejos de aceptar, "me humilló y me insultó".
Para el fiscal, no existe ni el delito de estafa ni el de insolvencia punible, considerando, además, que no procede hablar de responsabilidad civil. Por contra, la acusación particular sí reclama los más de 300.000 euros que la mujer entregó para la construcción, una vez que otros juzgado ya condenó a la empresa promotora a resolver el contrato firmado.
