Actualizado 22/03/2012 18:44 CET

El fiscal mantiene la acusación para tres procesados en el caso 'Nilo'

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido la acusación para tres de los 10 procesados que han sido juzgados en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga por el denominado caso 'Nilo', sobre la presunta estafa a través de cartas que comunicaban premios falsos de lotería, según han informado fuentes judiciales, quienes han indicado que para éstos, el ministerio público solicita tres años de prisión.

Respecto a los otros siete procesados que tampoco firmaron el acuerdo de conformidad alcanzado entre las defensas y el fiscal, las mismas fuentes han precisado a Europa Press que finalmente se ha retirado la acusación. No obstante, hay al menos cuatro acusados que han sido localizados y que están pendientes de que se sumen o no a ese acuerdo.

El juicio comenzó en noviembre de 2011 e inicialmente se acusó a 168 procesados. En la primera sesión comparecieron 103 acusados, de los que 87 se acogieron al acuerdo con el ministerio fiscal, que supone una condena de 23 meses y 15 días de prisión y multa de 2.160 euros por un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad.

Actualmente, hay 102 acusados, la mayoría de nacionalidad nigeriana, que han admitido los hechos por los que le acusaba el fiscal Anticorrupción, para los cuales ya se ha dictado sentencia de conformidad. Los hechos sucedieron en un periodo de tiempo no definido, "pero prolongado en el tiempo" y en cualquier caso anterior al 20 de julio de 2005.

Según se declaró probado, los acusados "participaron con propósito de enriquecimiento ilícito" en una "maquinación defraudatoria", enviando las cartas en las que se adjuntaban distintos documentos que, para dar apariencia de autenticidad, incorporaban reproducciones fidedignas de membretes, logotipos y anagramas de instituciones públicas.

La resolución señalaba que las personas que "confiadamente" devolvían el formulario con sus datos personales y bancarios, eran contactadas telefónicamente por los acusados y se les requería "insistentemente" que abonaran distintas cantidades de dinero, en concepto de "un impuesto que devenga la percepción del premio, al no ser residentes en España".