MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Serrano, exigió hoy la resolución del contrato del servicio de la piscina de Campanillas, adjudicada a un privado, sancionado con una multa de 251.764 euros, tras casi cinco años abierta sin contar algunas de sus instalaciones con la correspondiente licencia. Asimismo, pidió una auditoría técnica que determine las irregularidades y los riesgos inherentes para su corrección.
Serrano demandó, de igual modo, que se depuren responsabilidades políticas, ya que, a su juicio, es el concejal de Campanillas, José Hazañas, quien "directamente ha consentido y alentado, al no intervenir a tiempo, todas estas irregularidades".
El edil de la coalición recordó en rueda de prensa que en abril de 2003 la Gerencia Municipal de Urbanismo licitó la piscina, viéndose ese mismo año las primeras anomalías con el control del agua según la Junta, por lo que se cerró. Posteriormente, el adjudicatario cubrió la piscina y amplió las instalaciones sin contar con licencia y, a continuación, se detectó la realización de excavaciones que no tenían permiso en una parcela de titularidad municipal.
En 2007 el concesionario construyó, incluso, un restaurante de 450 metros cuadrados sin licencia, un gimnasio y un local infantil, con otros 400 metros cuadrados, lo que supuso una sanción acumulada de 13.000 euros.
En la actualidad el expediente de infracción se encuentra aún sin resolver debido, entre otras causas, a un aplazamiento que la Gerencia concedió al adjudicatario para alegaciones y que supuso más de seis meses de retraso en la tramitación de una sanción que ahora se encuentra cuantificada en 251.764 euros, según Serrano.
De igual modo, manifestó que durante tiempo el concesionario ha tenido caballos en estas instalaciones públicas municipales, así como cuatro apartamentos que presuntamente arrendaba a particulares.
Desde la última denuncia de IU, criticó el edil, "el Ayuntamiento no ha querido recuperar la concesión del servicio y ha mantenido la relación contractual con el adjudicatario", quien, según subrayó, "tiene tres empresas privadas, cuyo domicilio social radica en la propia instalación pública".
El viceportavoz de Izquierda Unida expuso, asimismo, que en mayo de 2009, justo al final de la temporada pasada, un trabajador de la piscina presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo y otra en el registro municipal dirigida al alcalde, Francisco de la Torre, alertando de hechos que, "de ser ciertos, supondrían un riesgo gravísimo para la integridad de los ciudadanos usuarios".
Estas supuestas irregularidades pasarían por "cables de 380 voltios colgando de la cercha de la cubierta de la piscina, sin protección y a la intemperie o sobre el vaso de la piscina, sin toma de tierra, o cuadro eléctrico enfriado con ventiladores domésticos, así como un mal funcionamiento de la bombas de calor o de la bomba de cloro, la ausencia de calefacción o la acumulación de basuras en diversos lugares de la instalación".
INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA
Por otra parte, la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación por presuntas irregularidades en las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce, adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa Teconsa, una actuación que, tras quedar en quiebra la firma, fue sacada de nuevo a concurso por el Consistorio.
Según la denuncia, presentada el pasado 14 de octubre y que investiga la Fiscalía desde el día 20, y de la que informó hoy la Cadena SER, la constructora podría haber inflado los trabajos de excavación y desmonte para facturar al Ayuntamiento hasta el triple de lo ejecutado realmente.
