IU exige topar el precio del alquiler en Málaga ante la "emergencia habitacional que avala el informe de Cáritas"

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha alertado de que la provincia de Málaga atraviesa "una emergencia habitacional sin precedentes, respaldada por el último informe de Cáritas, que señala que más de 200.000 personas caen en pobreza extrema tras pagar la vivienda y que miles se ven obligadas a renunciar incluso a tratamientos médicos".

Además, ha criticado que el encarecimiento del alquiler está empujando a "cada vez más familias a vivir hacinadas, en infraviviendas o directamente en autocaravanas", reflejo, ha dicho, "de una crisis que se agrava y sitúa a Málaga como la segunda provincia más cara del país".

Morillas ha señalado que "la provincia de Málaga ha adelantado incluso a Madrid y es donde más ha aumentado el precio de los alquileres, hasta el punto de que en el último año se ha incrementado en más de un 12%". "Málaga vuelve a ocupar el top del ránking de provincias en las que no se puede vivir porque la gente ya no puede pagar el alquiler", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado la aplicación "urgente" de medidas de intervención pública, como la declaración de zonas tensionadas y el tope de precios del alquiler y ha declarado con rotundidad que desde Izquierda Unida "tachan la situación de emergencia habitacional que vive nuestra provincia como insoportable".

De igual modo, ha apuntado que por parte de Cáritas se ha hecho público un informe que se señala que "la vivienda constituye hoy uno de los principales factores de vulnerabilidad y de desigualdad social. Más de 200.000 personas en la provincia de Málaga, una vez que pagan la vivienda, entran en una situación de extrema pobreza".

El informe incluye también que más de 280.000 personas en Málaga han tenido que renunciar a tratamientos médicos o a la compra de medicamentos, para poder acometer el pago de la vivienda. Esto señala una situación en la que incluso teniendo un salario fijo e ingresos familiares, es imposible pagar los gastos que están vinculados con la vivienda.

Cáritas informa de que ha habido un incremento de más del 60% en los últimos cuatro años de personas usuarias, que tienen que vivir en una habitación, y "también realidades que estamos detectando que tienen que ver con asentamientos de autocaravanas, de furgonetas, de familias que están teniendo que vivir en vehículos en distintas zonas de la provincia de Málaga y de la capital, como Sacaba, en el entorno de Martín Carpena, porque no se puede pagar el elevadísimo precio del alquiler", ha apuntado Morillas.

Así, la coordinadora de IU en la provincia ha criticado que "al mismo tiempo que vemos esto, que la vivienda constituye el principal vector de desigualdad y de vulnerabilidad social en nuestra provincia, vemos cómo en otras ciudades en las que se está aplicando la Ley de Vivienda, y a través de la declaración de zona tensionada, empiezan ya a bajar los precios"

Un ejemplo de ello, ha explicado Morillas, es la ciudad de Barcelona, donde la aplicación de la declaración de zona tensionada ha supuesto "que desciendan los alquileres en más de un 6%".

En este sentido, Morillas ha manifestado que lo que planten desde Izquierda Unida es que "es urgente intervenir el mercado, regular y topar los precios para que no siga habiendo familias trabajadoras que no pueden acometer un gasto fundamental como es el gasto de la vivienda".

Además, ha continuado, "ya estamos detectando cómo no solo afecta esta subida de precios a Málaga capital, sino que esta onda expansiva empieza ya a llegar al conjunto de pueblos de la provincia y vemos cómo municipios del interior, como Cártama, Riogordo o Antequera, empiezan a experimentar subidas del precio del alquiler, en algunos casos que ronda el 40%", ha añadido.

Por ultimo, la coordinadora de IU Málaga ha reiterado que "es urgente que se intervengan los precios, que se bajen los precios de los alquileres, que se prohíba la especulación y que se priorice por parte de todas las administraciones públicas la garantía del derecho a la vivienda".