MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal del caso 'Malaya' tiene previsto continuar este lunes el juicio y será con el interrogatorio de otros miembros del gabinete jurídico que se encargó de la contabilidad de sociedades del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y de otros supuestos testaferros de éste, acusados de blanqueo de capitales.
Roca fue el primer acusado en declarar en este segundo bloque del macroproceso contra la presunta trama de corrupción. Tras él, han declarado los dos socios principales del gabinete jurídico madrileño, como son Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano; así como el hijo del primero, también miembro del bufete de abogados y también acusado.
Así, está previsto que esta semana declaren los otros tres letrados del despacho madrileño que están acusados, así como los principales supuestos testaferros de Roca, administradores de sus empresas, como son Óscar Benavente y Montserrat Corulla, entre otros; el también contable de algunas sociedades, como es Salvador Gardoqui, o el supuesto encargado de seguridad, Jaime Hachuel.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Roca logró amasar un "importante patrimonio", con fincas, hoteles, arte, caballos, barcos, coches de lujo, un avión y un helicóptero, "coincidiendo con la época en que estuvo ligado al Ayuntamiento", lo que "no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas ni con sus ingresos familiares", por lo que le acusa de blanquear 240 millones de euros.
Sin embargo, el principal acusado cifró su patrimonio en unos 210 millones de euros, aunque con un pasivo de 120 millones, insistiendo en que tenía dinero cuando llegó a Marbella y antes de entrar a trabajar en el Ayuntamiento. Reconoció como suyas la mayoría de las sociedades investigadas en la causa, aunque negó que éstas se financiaran con dinero malversado del Consistorio o de empresarios.
"Entre los años 1991 y 2004 las sociedades se han financiado con dinero procedente de fondos lícitos y producto de actividades y negocios que la Sala determinará si son lícitos o no", apuntó, al tiempo que manifestó que él era el que daba "todas las órdenes y controlaba" las empresas, aunque éstas estuvieran administradas por otras personas.
No obstante, el fiscal sostiene, en su escrito inicial, que se crearon sociedades "usadas como tapadera para adquirir y reciclar distintos tipos de bienes" y señala al gabinete madrileño como el que presuntamente proporcionaría "las sociedades pantalla donde ocultar bienes" de Roca, otorgando al bufete "un papel preponderante" en este sentido.
Por contra, Manuel Sánchez Zubizarreta, que destacó que Roca tiene "un conocimiento del mundo societario muy por encima de la media", indicó que él era la única persona del despacho que tenía contacto con éste para tratar sobre sus empresas y aseguró que el contrato de fiducia que había no estaba documentado, porque, como en toda relación abogado-cliente, se basaba en "la confianza".
Respecto a una presunta actividad delictiva de Roca, ha dicho que "nunca" tuvo conciencia ni conocimiento de ninguna cuestión ilegal, "porque si la hubiera tenido se la hubiera recriminado y no dude usted que ese mismo día hubiera cesado en su defensa". Dijo que las empresas se financiaban "con préstamos entre sociedades, hipotecas, créditos bancarios o leasing".
Tanto éste como el otro socio principal del gabinete, Francisco Soriano, indicaron que Roca suponía un poco más del ocho por ciento de los ingresos del despacho, insistiendo Soriano en que las sociedades vinculadas a éste "se dedicaban al lícito comercio y nada hacía sospechar, ni ahora tampoco lo sospecho, que ni una sola peseta pudiera venir de ilícita procedencia del Ayuntamiento".