MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga, suscribió hoy con los responsables de 98 municipios de la provincia un convenio para acogerse al programa de rehabilitación autonómica impulsado por la Consejería de Vivienda para ayudar a las familias con recursos limitados a la ejecución de pequeñas intervenciones de conservación y mejora de sus casas.
Esta actuación, incluida en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, permitirá beneficiar a 1.650 viviendas en total. La inversión prevista por la Junta para este año asciende a 16,4 millones de euros en total, de los que 13,3 millones corresponden a subvenciones directas a los particulares que soliciten ayuda para llevar a cabo la reforma y rehabilitación de sus viviendas, mientras que el resto se destinará a costear los informes técnicos necesarios para desarrollar dichas actuaciones.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, presidieron hoy la firma de convenios, y destacaron la trascendencia que supone el apoyo a la rehabilitación.
Según Gámez, la rehabilitación de edificios y viviendas ha ido en los últimos años ganando terreno hasta convertirse en una parte fundamental de la política que desarrolla el Gobierno andaluz en esta materia. En este sentido, calificó de "interés social" este tipo de iniciativas con la que también se pretende la reactivación del sector de la construcción como motor económico y fuente de empleo.
La Junta costeará el 50 por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras en los inmuebles, además de la asistencia técnica para la redacción de los proyectos y otros documentos técnicos necesarios, así como para la dirección de las obras. No obstante, estas ayudas para la rehabilitación autonómica llegan incluso hasta el 70 por ciento del importe total de los trabajos presupuestados si los beneficiarios --propietarios residentes o, con autorización de éstos, los arrendatarios y usuarios del inmueble-- son mayores de 65 años y disponen de la Tarjeta Sesentaycinco, modalidad Oro, expedida por la Junta de Andalucía. La aportación restante hasta completar el importe total de la actuación la asumen los propios vecinos, que actúan como promotores.
El presupuesto máximo de ejecución material por inmueble, según el tipo de intervención, es de 12.000 euros, salvo que las obras de rehabilitación afecten a la seguridad estructural y constructiva del mismo, en cuyo caso se contempla que la financiación autonómica llegue hasta los 18.000 euros para garantizar la estabilidad y resistencia mecánica de la vivienda. Los beneficiarios de estas ayudas han de tener unos ingresos familiares anuales no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, el inmueble que se rehabilitará ha de ser su residencia habitual y tener una antigüedad superior a los diez años, entre otros requisitos.
Con la rúbrica de este convenio se da luz verde a los ayuntamientos para que abran el plazo de 15 días para que los particulares que estén interesados en la iniciativa puedan presentar sus solicitudes. En este proceso, la administración local asume las tasas por la licencia de obras, además de actuar como entidad colaboradora y mediadora en la gestión de las solicitudes y en la entrega de las ayudas concedidas a las personas beneficiarias.
Por su parte, Josefa López incidió en que con menor gasto que en el caso de la obra nueva, la rehabilitación consigue generar un mayor volumen de trabajo, ya que, se estima que con cada 20.000 euros de inversión en rehabilitación se genera al menos un puesto directo de mano de obra y otro inducido.
