Juzgarán a un exedil de Rincón de la Victoria acusado por autorizar contratos irregulares para servicios municipales

Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada
Europa Press - Archivo
Publicado 07/10/2018 12:37:37CET

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar esta semana a un edil de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria en 2010, acusado por la Fiscalía por hacer y autorizar contratos verbales supuestamente de forma irregular para servicios municipales de limpieza con dos empresas, cuyos responsables también están procesados.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, el exedil José Antonio Ruiz, en el ejercicio de su cargo como responsable de la Concejalía de Medio Ambiente, "contrató de modo verbal la prestación de numerosos servicios de limpieza" en el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y junio de 2011, "prescindiendo del cumplimiento de las elementales normas administrativas" establecidas.

Así, los otros dos acusados presentaron "numerosas facturas, algunas de las cuales no se correspondían con trabajos prestados real y materialmente", según señala la acusación pública, en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, apuntando que existía entre los tres un acuerdo previo para llevar a cabo estas acciones.

Según la Fiscalía, el entonces edil, supuestamente, "procedió a estampar el visto bueno" en las distintas facturas presentadas "sin llevar a cabo comprobación alguna y a sabiendas de que los trabajos no resultaban necesarios ni estaban siendo realizados con el volumen indicado por las mismas".

El importe de los trabajos en los que supuestamente no se siguió el procedimiento establecido en la ley asciende al importe de 238.222 euros, según el fiscal, apuntando que una de las empresas presentó al cobro facturas por importe de 144.119 euros, de los que sólo se admitieron vales por 15.347 euros; y la otra presentó por cantidad de 141.169 euros, aceptándose vales por importe de unos 31.700 euros.

Al entonces edil se le acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación, solicitando la acusación pública la pena de dos años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público. A los dos empresarios se les acusa de un delito de malversación y falsedad, pidiendo que se le imponga a cada uno tres años y tres meses de cárcel y multa.

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