Málaga para la Gente propone un plan de empleo y formación para parados

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Málaga para la Gente al Ayuntamiento de la capital, Eduardo Zorrilla, junto al miembro del Área Federal de Izquierda Unida (IU), Eduardo Garzón, ha propuesto este miércoles un plan de empleo que garantice trabajo y formación a personas desempleadas.

Así, Zorrilla ha señalado que el objetivo de esta medida es "ofrecer trabajo directo a muchas personas" en situación de desempleo y, además, "aumentar la capacitación de los parados", que obtendrían un certificado profesional.

La Política de Empleo Garantizado --nombre de este plan--, propuesta por IU a nivel nacional y cuya aplicación en el plano local por parte de Málaga para la Gente se va a presentar a las 19.00 horas de este miércoles en el Instituto de Estudios Portuarios, consiste en que el sector público garantice un puesto de trabajo a todas aquellas personas que quieran acceder a un empleo y no tengan esta posibilidad.

De esta manera, los que participarían en este plan se encargarían de realizar aquellas tareas "que no son rentables para la iniciativa privada" y que también "están abandonadas por la pública", como la rehabilitación de espacios medioambientales y urbanísticos y su mantenimiento. Así, según ha indicado el candidato, el plan no solo serviría para crear empleo, sino para "dar beneficio a la ciudad de Málaga".

Igualmente, se ofrecerían diferentes tipos de salarios según el tipo de cualificación de la persona, que se establecen en función de la misma en tres bloques: alto, medio y bajo. Así, los de más cualificación percibirían 1.200 euros y los de más baja, 900.

En cuanto al presupuesto para este plan, Zorrilla ha indicado que contaría con una cantidad "muy importante", pero no tanto "si la comparamos relativamente con otras cantidades que derrocha el Ayuntamiento".

De este modo, ha abogado por reducir el número y el salario de los altos directivos. "Nada más que recortando los salarios de los cargos actuales se ahorrarían 1,5 millones de euros". Además, ha agregado que reduciendo un 40 por ciento los gastos que consideran "superfluos", como publicidad, protocolo, catering o dietas, "se ahorrarían hasta 40 millones de euros", que destinarían para poner en marcha este plan y otras medidas de carácter social.

Asimismo, en relación con el modo de funcionamiento, ha señalado que se constituiría una Red de Empleo Local, que estaría integrada por aquellas entidades privadas y públicas que quieren contratar y no pueden, tales como pymes, cooperativas, empresas municipales, fundaciones u ONG. También ha propuesto la creación de una Unidad de Empleo Garantizado, que estaría constituida por técnicos de Servicios Sociales y del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), quienes serían los encargados de seleccionar el personal para dicho plan.

PLAN A NIVEL NACIONAL

En relación con este plan a nivel nacional, Garzón ha indicado que su aplicación podría suponer la creación de un millón de puestos de trabajo. Así, ha añadido que lo único que falta para ponerlo en marcha es "voluntad política", ya que lo que se destinaría a este plan "es siete veces menos de lo que nos hemos gastado en ayudar a la banca".

Además, ha dicho que el plan parte de la premisa de que "hay muchísima gente que no trabaja pero quiere y sabe hacerlo", y al mismo tiempo que "hay mucho trabajo por realizar", como infraestructuras urbanas, espacios verdes, playas, cuidado de niños y ancianos o actividades de recreo, competición o culturales.

Así, la propuesta no pasa "por convertir de la noche a la mañana una economía con desempleo en el pleno empleo", pero si que trata de "ir dando pasos en este sentido" para alcanzar esta meta, según ha destacado.

Igualmente, ha indicado que la mayor ventaja es que el sector público establecerá unas condiciones que van a ser referencia para el sector privado. De esta manera, si las administraciones garantizan un empleo con un sueldo de 1.200 euros y unas condiciones de trabajo dignas, lo que sucederá es que las personas que trabajen en el sector privado en una situación laboral inferior tendrán mayor capacidad de negociación para mejorar estas condiciones.

De este modo, ha propuesto que sería el Estado quien aportaría la financiación para este plan, cuyo coste neto ha cifrado en el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). No obstante, a la hora de ejecutarlo serían los ayuntamientos los encargadas de hacerlo. Así, se establecería la participación ciudadana en torno a los consistorios para decidir cuáles son las necesidades principales de una localidad y, así, diseñar puestos de trabajo determinados para ello.