MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos (Málaga), a petición del Ministerio Fiscal, ha archivado parte de la causa penal instruida por denuncia de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) y la empresa minera Badomar S.L. contra el alcalde del municipio, Joaquín Villanova, según indicaron desde el Ayuntamiento.
Además del primer edil, también estaban demandados diversos concejales del Ayuntamiento, el ex alcalde Antonio Vega, dos ex secretarios municipales y técnicos, así como contra políticos de la Junta de Andalucía, directores y ex directores de minas, técnicos, ex delegados y el actual delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Ignacio Trillo, así como las empresas.
Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, la PDSS y la empresa minera Badomar S.L. denunciaron por presunto delito ecológico hace unos años a todas estas personas, basado en un informe elaborado por algunos profesores de la Universidad de Málaga (UMA), en el cual se denunciaba que la sierra había sufrido importantes daños ecológicos consecuencia de la actividad de las canteras.
Dicho procedimiento recayó tras la reorganización de los juzgados de Torremolinos en el Juzgado de Instrucción número 1, quién, a petición de las defensas, separó en partes el procedimiento, constituyendo piezas separadas para cada una de las canteras denunciadas. En este caso la orden de sobreseimiento y archivo dictado ayer corresponde a la cantera Aripresa.
Así, el Consistorio señaló que "en su razonamiento jurídico, la magistrado juez dictamina que de lo actuado no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a formación de la causa, recalcando que no existe ningún informe pericial que de forma indubitada, acredite que existe en la actividad de Aripresa peligro grave para el medio ambiente, ni para la salud de las personas".
Además, afirmó que "se señala que los distintos informes del Seprona, en constante vigilancia en la zona y con informaciones periódicas a la autoridad judicial, acreditan el cumplimiento de las prescripciones judiciales sobre paralización de actividad y/o restauración de la cantera".
La magistrado asegura que "de todo lo expuesto se puede colegir que, si bien pudiesen existir infracciones en determinados aspectos de la gestión, estos no tendrían la entidad suficiente en todo caso para advocar la actuación del derecho penal, última ratio a que acudir en virtud del principio de intervención mínima".
Por último, el Consistorio aseveró que "al haber realizado la juez la partición del proceso en diferentes causas, cada una de ellas relativas a cada una de las canteras, es de esperar, según fuentes jurídicas consultadas, que en próximos días, el juzgado de Instrucción vaya publicando las sentencias correspondientes a cada una de ellas".
