MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal del denominado caso FARA (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes) ha decidido mantener la nulidad de las escuchas practicadas en la instrucción de la causa de cara al juicio, que se ha fijado para mayo de 2008, una vez que esta semana quedó suspendido definitivamente por problemas de salud de uno de los acusados.
Así, la Sala entiende que el auto en el que se resolvieron las cuestiones previas, donde se determinó, entre otros aspectos, la nulidad de las intervenciones telefónicas, "no queda afectado", por la suspensión de la vista oral, ya que, según se explica en la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, esto sólo afectaría a la prueba, que debe practicarse de forma conjunta, pero no a los pronunciamientos previos.
En el auto, notificado hoy, se acuerda la suspensión del juicio por el artículo número 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se señala que se pospondrá cuando alguno de los procesados se encuentre enfermo "en términos de que no pueda estar presente en el juicio". En este caso, el Tribunal añade que no era posible juzgar a los demás por separado.
Asimismo, se señala el comienzo del juicio, en lo que se refiere a las declaraciones de los acusados y testificales, el día 5 de mayo de 2008, celebrándose vista todos los lunes y martes, con la intención de concluir el 9 de junio.
La Sección Segunda, encargada del juicio por el presunto desvío de 1,2 millones de euros de ayudas de organismos oficiales, anuló las intervenciones telefónicas, al estimar las impugnaciones planteadas en las cuestiones previas por las defensas de los imputados, quienes consideraron que ni las solicitudes policiales ni los autos del juzgado en los que se autorizaron las intervenciones cumplían ninguno de los parámetros exigidos por la ley y apuntaron que el Tribunal Supremo anuló las escuchas que surgieron de un informe policial común con esta causa.
Asimismo, estimó la alegación presentada por la defensa de José Manuel E.P., acordando la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil del que se le acusaba; aunque desestimó la tercera impugnación presentada por las defensas respecto a la documentación incautada en el registro de la sede de la Federación.
La Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación provisional un total de 89 años y medio de prisión para 16 procesados, aunque tras haberse sobreseído la causa contra uno, la pena de prisión solicitada era de 88 años. A los procesados se les acusa de los delitos de apropiación indebida de parte de subvenciones de organismos oficiales, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.
La acusación pública solicita para el presidente del colectivo desde 1998, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo' y jefe de una de las familias que integran el clan de los 'Charros', un total de 12 años y medio por los delitos de apropiación indebida, con concurso con un delito contra la Hacienda, y amenazas y coacciones, al entonces consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.