Málaga.- Tribunales.-Acusado dice que no filtró el informe de Agüera y que no era un documento para mejorar la seguridad

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El intendente mayor de la Policía Local de Málaga Juan Ferrer, acusado de filtrar a los medios de comunicación un informe sobre la vida privada de la ex edil del PP Rosa Agüera, negó hoy estos hechos y aseguró que el documento "no era para mejorar la seguridad". "Era un relato de una serie de actividades en la que la Policía Local no tenemos por qué meternos", aseveró.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga comenzó hoy el juicio contra Ferrer, para el que la Fiscalía pide, en sus conclusiones iniciales a las que tuvo acceso Europa Press, tres años de cárcel y suspensión de empleo o cargo público por el mismo tiempo, al creerle responsable de remitir en marzo de 2005 copias de dicho informe a varios medios. El juicio se suspendió hasta el 29 de este mes, faltando dos testigos por declarar y los informes finales.

El procesado, que estaba de baja cuando se redactó el informe por parte del oficial Rafael Rubio, indicó que en sus más de 20 años de servicio "nunca he visto informes parecidos", por lo que no entendió por qué se había hecho y pensó en hablar con el concejal de Seguridad entonces, Antonio Cordero, lo que no hizo pues estaba de baja. El fiscal pide también el pago de 6.000 euros como indemnización a la ex concejala.

Por su parte, la ex edil, que declaró como testigo, señaló que no le reclama indemnización "ni a Ferrer ni a nadie", de hecho, sus abogados hicieron un escrito de acusación contra el autor del informe no contra el intendente, que no fue aceptado. Así, dijo que el daño que le ocasionó el documento fue "corrosivo" y aseveró que ese "maldito panfleto" es "tendencioso, hace una caricatura de mi vida y eleva a la categoría de verdad cosas que no lo son".

Consideró que sólo se buscaba "un desprestigio de mi imagen, de mi honor y de mi seguridad". De hecho, indicó que desde este asunto no tuvo escolta hasta que volvió a haber un atentado y estuvieron en el punto de mira varios representantes del PP de Málaga, momento en el que habló con el concejal y se le puso un escolta. Además, añadió que si la Sala estima conveniente fijar una indemnización, la donará a una ONG.

MALAS RELACIONES.

El acusado relató que el oficial Rafael Rubio le entregó el informe, sin pedírselo él, entre los asuntos para firmar la segunda vez que despacharon una vez se incorporó de su baja, lo guardó en un cajón de su mesa y lo leyó posteriormente, aunque no volvió a mirarlo hasta que el 4 de mayo se produjeron las filtraciones en prensa. Dijo que de la llave de los despachos existen duplicados y que cuando limpian por la tarde, se quedan abiertos.

Admitió, tanto a preguntas del fiscal como de su defensa, que había "graves discrepancias profesionales" con el oficial Rubio, que éste tomó "como algo personal", debido a que "no respetaba la línea jerárquica" e iba a hablar con un superior, el superintendente Pascual Sánchez-Bayton, sin comunicarle posteriormente los asuntos que se habían tratado.

Asimismo, incidió en que hubo dos casos concretos en 2004 en los que a Rubio se le llamó la atención por su forma de actuar, en concreto por dejar en libertad a dos soldados británicos y por un informe sobre una mujer maltratada, que llegó desde Mijas. Esas actuaciones "fueron reprendidas por mi parte porque no fueron bien realizadas", apuntó Ferrer, quien indicó que habló con los superiores para indicarles que había decidido prohibir a Rubio firmar documentos y despachar los asuntos.

Rubio declaró como testigo y reconoció que existía una mala relación, aunque no que fuera reprendido por sus actuaciones por el acusado. Respecto del informe, declaró que lo realizó con lo que le dijo el escolta, como que "había guardias personales en las que tenía que llevar la compra del supermercado o las macetas a la edil", así como datos de un sustituto un día puntual. Le dio carácter confidencial para "evitar los comentarios entre los otros escoltas".

Imprimió dos originales --borrando después el archivo--, uno lo entregó a Sánchez-Bayton y otro se lo quedó y lo guardó en su armero, porque "no había en la oficina un sitio más seguro, era el único lugar del que yo me fío, porque sólo tengo llaves yo". De ese original, dijo que hizo una sola copia para Ferrer, porque se lo pidió.

"No se me pasó por la cabeza que tuviera la trascendencia ni que iba a llegar a los periódicos, lo hice por preocupación por la seguridad de la concejala", aseveró Rubio, quien negó haber filtrado el informe a los medios. Los peritos que comparecieron hoy también concluyen en su estudio que la copia que llegó a los periódicos debió salir de la copia que tenía el acusado.

Tanto el entonces coordinador de Seguridad, Carlos Rubio, como Sánchez Bayton declararon como testigos, a pesar de que las acusaciones particulares intentaron que fueran imputados. El primero dijo que se enteró que Ferrer tenía copia del escrito en una reunión a la que convocó a las personas que habían tenido relación con el caso y que no lo llamó para que asistiera porque el Ayuntamiento abrió una investigación.

Por su parte, Sánchez-Bayton reconoció que él sí supo antes de esa reunión que el acusado tenía una copia, porque se lo había dicho el oficial, aunque en la instrucción declaró lo contrario. Defendió que Rubio guardara el informe en el armero y no en el armario porque "para mi es un sitio idóneo como puede ser una caja de seguridad" y dijo no tener razones objetivas para decir que estaba mal custodiado ni para dudar de los mandos intermedios. "Ni de los intendentes tampoco", respondió a preguntas de la defensa.

Afirmó que el informe, sobre el que creyó que la confidencialidad era "totalmente necesaria", es "un parte para que se corrija una actitud y me consta que el concejal ya le había llamado la atención para que no pusiera su vida en peligro ni la de los demás". Dijo no saber la enemistad que había entre el acusado y el oficial.

A este respecto, varios policías locales corroboraron las "malas relaciones" que existían tras la orden de Ferrer a Rubio para que no despachara con él. De hecho, dos agentes indicaron que posteriormente a la publicación del informe el oficial llegó a decir que "iba a echar a Ferrer de la Policía, que le iba a quitar el uniforme". Además, dijeron que el armario donde se guardaban las fichas de los concejales no tenía cerradura.

Una testigo indicó que el día que se supo la filtración Rubio dijo que él había dejado sobre su mesa su original y una copia el día que lo redactó, cuando Ferrer estaba aún de baja; aunque cuando regresó de la reunión con los altos mandos policiales "cambió totalmente de versión".