El PP en el Ayuntamiento de Málaga pide a Junta que "no incremente la presión fiscal" a los malagueños

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno en la que critica la "presión fiscal" de la Junta a las viviendas y pide al Gobierno andaluz "que no incremente la presión fiscal de la ciudadanía malagueña".

En concreto, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y pide que adopte las medidas oportunas para no aumentar el coeficiente que actualmente aplica al valor catastral de los inmuebles urbanos del 1,41 al 1,55, "máxime cuando tal medida hace inservible el esfuerzo realizado por este Ayuntamiento en favor de su ciudadanía cuando se rebajaron, con efectos de 1 de enero de 2015, los valores catastrales existentes en un 22 por ciento".

De igual modo, en la moción el PP en el Consistorio insta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "a retractarse y dar marcha atrás" de modo que deje de cobrar a las familias con una única vivienda y varios herederos, un impuesto de cuyo pago estaban exentos hasta ahora, dejando sin efecto la circular remitida al respecto a las oficinas liquidadoras el 13 de octubre de 2017; además de que piden reprobar "la falta de transparencia" del Gobierno andaluz "y la puesta en marcha de esta medida sin información previa a los contribuyentes".

Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal 'popular', Carlos Conde, al tiempo que ha recordado que en junio el grupo del PP llevó una moción a pleno en la que explicaba que la Junta, en concreto la Consejería de Hacienda, ha elaborado un proyecto de orden que recoge los incrementos que soportarán los impuestos de Sucesiones y de Transmisiones Patrimoniales.

Según ha indicado Conde, la implantación de los nuevos coeficientes que propone la Junta en relación con estos dos impuestos, en el caso de Málaga "conlleva un aumento del diez por ciento en la tributación efectiva de obligados al pago", recordando que ya en 2015 se aumentó en un ocho por ciento al pasar del 1,25 al 1,35 y en 2016 en el 4'4 por ciento al fijarse en el 1'41.

"Con todo ello, la evolución de este coeficiente al que el Gobierno andaluz ha aplicado subidas en los últimos años, ha implicado un 24 por ciento desde el año 2014, con sus correspondientes repercusiones sobre el IBI", ha asegurado Conde.

En este punto, ha reiterado que el Ayuntamiento presentó una enmienda a este proyecto de orden y el grupo "logró que se aprobase una moción el pasado mes de junio en la que se recordaba, además, que Málaga y Almería son las únicas dos ciudades andaluzas en las que estos coeficientes suben mientras que en Sevilla, por ejemplo, donde no se actualiza este coeficiente desde 2001, ahora además bajará un 7,84 por ciento.

Por otro lado, ha afirmado que el proyecto de orden continúa en tramitación sin que el Ayuntamiento haya recibido respuesta por parte del Ejecutivo andaluz, por lo que ha dicho que "desconocemos si atenderá las peticiones realizadas desde este Consistorio y creemos necesario abundar en ello, máxime cuando no es la única medida que la Junta adopta en relación a la presión fiscal a las familias andaluzas que heredan".

Asimismo, ha afirmado que "en menor medida, pero igualmente importante, también es el hecho de que, de acuerdo a lo que trascendió el pasado mes de julio a la opinión pública, la Junta de Andalucía lleva más de medio año cobrando a las familias andaluzas por una serie de herencias por las que hasta la fecha no había que abonar cantidad alguna a la administración".

CRITICA "FALTA DE TRANSPARENCIA"

"Sin anunciarlo, con nocturnidad y una notable falta de transparencia, el Gobierno de Susana Díaz ha comenzado ahora a cobrar a las familias con una sola vivienda y varios herederos --uno de los modelos de herencia más frecuentes en nuestra comunidad autónoma-- el impuesto sobre los actos jurídicos documentados (AJD) que hasta ahora no cobraba", ha criticado.

Por otro lado, ha aludido a una circular remitida por la Agencia Tributaria Andaluza a las oficinas liquidadoras con fecha 13 de octubre de 2017 que "obliga ahora" a cobrar el AJD en miles de herencias en las que ahora se califica de "exceso de adjudicación" el hecho de que, por ejemplo, uno de los herederos se quede con la propiedad de la única casa familiar y compense en metálico al resto de sus hermanos de forma proporcional.

Según ha detallado Conde la circular de la Agencia Tributaria Andaluza insta, además, a la revisión de herencias ya firmadas de modo que se aplica con carácter retroactivo.

"Se trata de una de las últimas medidas que llevó a cabo la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero antes de tomar posesión como ministra del gabinete de Pedro Sánchez; una despedida, que encierra un castigo para miles de familias andaluzas y que, de acuerdo a la opinión de juristas expertos, genera inseguridad jurídica ya que en lugar de arbitrar una reforma legislativa, se realiza un simple cambio en la interpretación de la norma", ha lamentado.

De igual modo, ha añadido que "llama especialmente la atención que este cambio de criterio se realizase apenas dos meses antes de la entrada en vigor de la reforma del impuesto de sucesiones que el gobierno andaluz se ha visto obligado a modificar debido a la presión y fuerte contestación de los andaluces".

Conde ha dicho, asimismo, que "puede parecer, por tanto, que con este cambio de criterio, lo que se consigue es establecer una nueva vía de ingresos para, de algún modo, venir a compensar la bajada en la recaudación que van a experimentar las arcas andaluzas tras la reforma del impuesto de sucesiones".

"Pero más allá de lo injusto que nos parece y de las dudas acerca de la legalidad del trámite seguido, lo que más nos llama la atención es la falta absoluta de transparencia: el Gobierno andaluz no ha comunicado un cambio que afecta de lleno a los andaluces, simplemente les ha metido la mano en el bolsillo sin siquiera avisarles o explicárselo", ha concluido.