Los socialistas critican que con ese documento los 'populares' destituyeron a todo el personal de libre designación
MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en la Diputación Provincial ha aprobado en el pleno de este martes una moción para exigir la apertura de una investigación interna acerca de la lista de funcionarios afines al PSOE elaborada por la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. Ante esto, los socialistas han insistido en que este documento no tiene carácter oficial y han acusado, además, a los 'populares' de haber elaborado un informe por el que a su llegada al ente supramunicipal fueron despedidos 78 funcionarios de libre designación.
En la moción urgente del PP se exige a la delegada en funciones del Gobierno andaluz en Málaga, Marta Rueda, que "abra una investigación interna y aparte de su cargo al responsable si fuera necesario", y al secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, que "dé explicaciones sobre el informe y se disculpe por un comportamiento reprobable, cargado de sectarismo".
En la iniciativa los 'populares' también solicitan que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comparezca en el Parlamento andaluz para dar cuenta de esta lista, en la que "se detallaría de forma minuciosa el cargo, nombre, afiliación política y posibilidades de promoción de alrededor de 150 funcionarios".
Ante esto, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, ha manifestado, en una comparecencia previa a la celebración del pleno, que el supuesto informe sobre personal de libre designación de la Junta constituye "la única preocupación que tiene el Partido Popular a día de hoy".
Ha insistido en que "no hay ningún documento oficial ni con membrete que avale las acusaciones que está realizando el PP", pero sí existe, ha añadido, "un documento oficial de esta Diputación que demuestra quién es el que actúa de manera sectaria con el personal de funcionarios" en la institución provincial.
Conejo hacía referencia así a un documento por el cual el 18 de agosto de 2011 el entonces presidente de la Diputación en funciones, Francisco Oblaré, "firmó tres decretos --4.180, 4.181 y 4.182-- destituyendo a todo el personal de libre designación; concretamente, a 78 funcionarios --directores de centro, jefes de servicio, etcétera--".
Es decir, "metió en una nevera a 78 funcionarios mediante decreto", ha sentenciado el diputado socialista, preguntándose si el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, "no se fiaba de ellos, por qué no los mantuvo, si acaso no tenían afinidad con él o si dudaba de su confianza".
Además, el también secretario de Política Municipal del PSOE-A ha criticado que hasta el 16 de septiembre no se cubrieron esos puestos, por lo que "durante un mes" la Diputación estuvo "sin ningún funcionario de libre designación al frente".
REPROBACIÓN DEL PP
Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Salado, ha afirmado que "con la lista negra para promocionar a afiliados del PSOE en la estructura de la Junta parece que estamos en un estado de excepción, en una dictadura del telón de acero, en un Estado que no es democrático ni de derecho".
Salado ha dicho, por tanto, que dicha actuación "tiene que tener la reprobación" del equipo de gobierno de la Diputación. "Se ha hecho con el beneplácito del PSOE, pedimos que se investiguen estos hechos, quién ha elaborado la lista y quién ha dado la orden como político para ello", ha insistido. A su juicio, "evidentemente Heredia es colaborador" de esa lista porque los datos de afiliación "tienen que salir de la sede".
Ante esta polémica de las últimas semanas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) presentó este lunes ante la Fiscalía de Málaga este caso, ya que, en su opinión, podría incurrir en delitos contra la protección de datos, prevaricación de funcionarios y tráfico de influencias.
Previamente, el sindicato denunció este asunto ante la Inspección General de Servicios del Gobierno andaluz, ya que supone "una discriminación de los trabajadores en función de su afiliación política", además de que "vulnera el derecho a la protección de datos". Asimismo, el listado "obvia los principios de igualdad, mérito y capacidad como sistema de promoción profesional que rigen el acceso a la función pública".
