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PP exige a la Junta que "no tape" con destituciones su "responsabilidad" en el fraude de los cursos de formación

Actualizado 05/07/2015 4:43:11 CET

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha reclamado a la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Patricia Alba, que "no tape" con la destitución de funcionarios la "responsabilidad" del Gobierno andaluz en las supuestas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones para cursos de formación. Así, en el caso concreto de la jefa de Servicio de Formación para el Empleo, le ha exigido que aclare si su marcha "está vinculada a una presunta implicación en esta trama".

"El pasado mes de julio conocíamos que esta persona era uno de los altos cargos de la Junta que la Fiscalía estaba investigando por su presunta vinculación con el fraude de las subvenciones para cursos de formación y que iba a ser imputada", ha apuntado en un comunicado Del Cid, por lo que ha opinado que "es de cajón pensar que hay relación entre su supuesto papel en la trama y su cese".

Según la dirigente 'popular', "los responsables del PSOE y de la Junta de Andalucía no pueden intentar tapar su responsabilidad en todo este asunto cesando a funcionarios", ante lo que ha reclamado que "den las explicaciones necesarias" sobre el papel de la entonces Delegación de Empleo de Málaga en este presunto fraude y "la inacción y falta de control de sus responsables para impedirlo".

"De otra manera lo que parece es que pretenden borrar todas las huellas y que no se sepa la verdad", ha advertido, al tiempo que ha pedido a la delegada de Educación que "aclare las circunstancias en las que se ha producido el nombramiento del sustituto de la jefa de Servicio de Formación para el Empleo en Málaga".

SUBVENCIONES

En este sentido, Del Cid ha recordado que la jefa destituida "era la responsable del departamento que concedía las subvenciones para cursos de formación en la provincia".

Entre estas subvenciones estaba, según ha dicho, "la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del SAE de 15 de diciembre de 2010 en la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a 20 entidades por un importe de 1,7 millones de euros y que investiga la Fiscalía como germen del llamado 'caso Edu'", ha explicado.

"Un presunto caso de fraude, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, según la Fiscalía, cuya investigación se ha extendido a otras provincias y afecta a ayudas concedidas por la Junta de Andalucía por valor de casi 10 millones de euros", ha concluido.

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