Retoman este lunes en Málaga el juicio a una veintena de acusados por su relación con clubes de alterne

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga tiene previsto retomar desde este lunes 15 de junio el juicio a una veintena de personas a las que la Fiscalía malagueña acusa de varios delitos de prostitución por su presunta relación con la gestión de tres supuestos clubes de alterne, ubicados en las provincias de Málaga y de Córdoba.

La vista se retoma tras la suspensión de la actividad judicial no esencial a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus y el estado de alarma decretado por el Gobierno. Por el momento, se han previsto once sesiones entre este mes y julio, aunque con posibilidad de ampliación o reducción de los días según el desarrollo del proceso.

La intención del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia malagueña es terminar el juicio antes de agosto, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han señalado que el juicio se celebrará en la sala 4 de la Ciudad de la Justicia --donde se celebró el juicio del caso 'Malaya'--.

Al respecto, han manifestado que en dicha sala no ha sido necesario instalar mamparas por las dimensiones que presenta, por lo que se han habilitado los asientos de forma que se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros requerida por las autoridades sanitarias.

Para el lunes está previsto la declaración de un testigo, dos policías e inspectores de Hacienda, a los que se les ha dado la oportunidad de declarar desde sus dependencias por videoconferencia.

Aunque la vista oral se celebrará de forma presencial, con acusados y abogados, como ha venido ocurriendo en todos los juicios si los testigos o peritos son de fuera de Málaga se les da la opción de declarar por videoconferencia.

Además, algunos acusados podrán ser dispensados siempre que se acrediten razones de salud u otras causas justificadas, como se ha venido haciendo, ya que todos han declarado ya.

El juicio comenzó a mediados del mes de diciembre de 2019 con las alegaciones de las defensas, pidiendo la nulidad del procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales, a lo que la Fiscalía se opuso. Asimismo, los acusados que declararon negaron los hechos por los que se les acusa.

El ministerio fiscal acusa en este proceso al supuesto responsable de los tres locales de 166 delitos de prostitución, además de por asociación ilícita, contra la salud pública y contra el derecho de los trabajadores, que en total suman unos 680 años de cárcel.

Asimismo, también están procesados los supuestos encargados de cada uno de los clubes y otros empleados que trataban directamente con las mujeres, algunas de las cuales también están procesadas en esta causa por un delito de tráfico de drogas.

Para el fiscal, según consta en sus conclusiones iniciales a las que tuvo acceso Europa Press, varios de los acusados venían encargándose del negocio desde los años 90, a través de la constitución de sociedades que eran las que gestionaban dichos clubes, teniendo una estructura jerarquizada.

El supuesto responsable de los clubes era el que gestionaba todo el negocio y, según la acusación pública, con esa actividad presuntamente logró tener un patrimonio superior a los 18 millones de euros entre 1995 y 2009, "con la utilización de personas interpuestas".

El ministerio fiscal sostiene que las mujeres elegidas para la prostitución "no tenían libertad en cuanto a la forma y las condiciones", ya que supuestamente les imponían horarios, "soportando jornadas laborales excesivas"; precios y tipo de vestuario. La situación para las que no tenían papeles "era aún más gravosa", ya que "no se atrevían a denunciar".

Además, entregaban parte de la recaudación y debían someterse a un reconocimiento médico periódico, además de rotar entre los tres clubes, dice la acusación pública, apuntando que también recibían instrucciones de lo que debían decir si había inspecciones y les decían que manifestaran que vivían todas en dicho establecimiento.

Asimismo, el ministerio público señala que los responsables de los locales fomentaban el consumo de drogas, ya que indicaban que supuestamente eso hacía que los clientes incrementaran el gasto en consumiciones y servicios sexuales.