MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de Limasa ha presentado este miércoles a la dirección su plataforma para la negociación del nuevo marco laboral que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2016. En suma, su principal reclamación es "la recuperación de lo dejado en el camino en los últimos tres años".
En concreto, reclaman cuestiones como la paga de productividad de 1.419 euros, aunque reflejada no como tal, sino como otros complementos; la recuperación como descanso de los sábados y los domingos, y también de las vacaciones de junio a septiembre, según la propuesta de los trabajadores, que abarca desde 2013 a 2016.
"Llevamos tres años de recortes y ya es hora de recuperar lo que hemos dejado en el camino", ha manifestado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien ha incidido en que, "aunque la situación económica esté mejorando, no planteamos subidas, sino congelación salarial".
El gerente de la empresa mixta de limpieza, Rafael Arjona, trasladará ahora las peticiones de los trabajadores al Ayuntamiento, emplazándose las partes a un nuevo encuentro el martes día 10, según Belmonte.
ASAMBLEA DE TRABAJADORES
Por otra parte, Belmonte ha indicado que a mediados de este mes de noviembre tendrá lugar una asamblea de trabajadores para informarles de la situación en la que se encuentra la negociación del convenio colectivo.
El objetivo de los trabajadores, que defienden la municipalización de Limasa, para lo que cuentan con el apoyo de los tres grupos de izquierdas en el Ayuntamiento --PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente--, sigue siendo cerrar un convenio o llegar a un principio de acuerdo antes de final de año. En caso de no ser así, exigirán que se restablezca el de 2010-2012 y no descartan, de hecho, un nuevo conflicto laboral.
Los trabajadores defienden que los acuerdos alcanzados en la Navidad de 2013 entre empresa y trabajadores, que pusieron fin a la huelga de basuras y que expiran el próximo 31 de diciembre, no tienen rango de convenio, por lo que parten del documento vigente de 2010 a 2012.
JUICIO
Precisamente, la controversia que mantienen Limasa --participada en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de Málaga-- y la Junta de Andalucía acerca de si los acuerdos alcanzados en diciembre de 2013 tienen rango de convenio, como reclama la dirección de esta sociedad, o no, como defienden el Gobierno andaluz y los empleados, está inmersa en un proceso judicial.
Por ello, cualquier negociación está, finalmente, supeditada a la decisión del juez. En el supuesto de que rechazara que esos acuerdos de 2013 tengan consideración de convenio, se debería tener como referencia el de 2010-2012, volviendo a estar de nuevo sobre la mesa cuestiones como la supresión de la paga de productividad o la redistribución de las vacaciones y los descansos.
