MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha condenado a 20 personas que se dedicaban a cultivar marihuana en distintas fincas y viviendas de localidades de la provincia malagueña, para su posterior transporte, utilizando en algunas de las plantaciones enganches ilegales de luz, de forma que se calcula que así defraudaron más de 244.000 euros a la compañía eléctrica.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, este grupo de personas se dedicaba al cultivo en plantaciones hidropónicas. Uno de los condenados "dirigía, controlaba y coordinaba las actividades impartiendo órdenes" a los encargados de los cultivos, "fijando las fechas de recolección, controlando las operaciones de venta de las sustancias". Otro también supervisaba.
Se han localizado un total de 14 viviendas, chalet o naves utilizadas para el cultivo de marihuana y para el almacenamiento de la mercancía y enseres necesarios para el mantenimiento de las plantaciones; espacios que se encontraban ubicados en localidades malagueñas como Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Coín, Fuengirola o Vélez-Málaga.
Según se desprende de los seguimientos y las intervenciones telefónicas, cada uno de los condenados, muchos de nacionalidad holandesa, se ocupaba de alguna tarea concreta, dice la resolución, precisando que algunos supervisaban y controlaban la producción y el envío al extranjero; mientras que otros cuidaban el desarrollo y buen fin de la plantación.
Para la ejecución de estos hechos, se realizaron diversas conexiones ilegales antes de contador --doble acometida-- para obtener fluido eléctrico gratuito con el fin de dotar de energía a los aparatos necesarios para los cultivos, produciendo un perjuicio económico a la compañía valorado en 244.524 euros por las instalaciones en once plantaciones.
Según la sentencia, se localizaron unas 12.000 plantas de marihuana, con un peso total de 263 kilos y un valor en el mercado de 270.000 euros. El dinero incautado ascendió a 22.000 euros. A todos los acusados se les condena por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y a 14 de éstos, además, por un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Los procesados mostraron su conformidad con los hechos por los que acusaba el ministerio fiscal, tras las modificaciones realizadas en su escrito inicial. Las penas impuestas en el delito contra la salud pública oscilan entre un año y seis años de cárcel; mientras que en el caso del delito de defraudación de fluido eléctrico la condena es de multa y va desde los 270 a los 540 euros.
