Abogado de Antonio Fernández cree que en el caso ERE se ha intentado que "la realidad no estropeara un buen proceso"

El exconsejero Antonio Fernández con su abogado Alfonso Martínez del Hoyo
CARLOS MÁRQUEZ
Publicado 12/11/2018 17:28:37CET

La defensa subraya "errores mayúsculos" en la instrucción y lamenta que haya calado en la sociedad que "las ayudas eran ilegales y los acusados culpables"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra los 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha expresado este lunes, durante la introducción de su informe final, que en el caso ERE se ha intentado que "la realidad no estropeara un buen proceso", aludiendo a la frase de la película 'La pícara solterona' y su frase: "¿No irás a dejar que la verdad te estropee un buen reportaje?".

Tras la defensa de Manuel Chaves, ha sido el turno del letrado que ejerce la representación procesal del exconsejero de Empleo, quien se enfrenta ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación. Martínez del Hoyo, que ha comenzado agradeciendo al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a los funcionarios y a las partes personadas en el proceso su esfuerzo para llegar a buen fin en este juicio, se ha adherido al informe "brillantemente desarrollado" por el abogado del expresidente de la Junta, salvo en la impugnación de la prueba pericial.

En la sesión de este lunes, el abogado ha hecho una introducción a su informe, que será "necesariamente extenso", en la que ha comenzado por señalar que la causa "nació marcada y lastrada por equívocos fundamentales, que ha arrastrado por la inacabable instrucción".

A su juicio, el principal "lastre" ha sido que la instrucción se basó en algo "delictivo" que sólo es una herramienta de presupuestación como es la transferencia de financiación, en este caso, instrumento para allegar fondos del programa presupuestario 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los ERE.

"La instrucción criminalizó todas las disposiciones de fondos para pagar las ayudas", ha añadido, lamentando que se extendió que "se prevaricaba para malversar". "Fue un error mayúsculo", pues si se pensaba que existía malversación "sólo había que seguir el rastro del dinero y ver si se había dado una finalidad pública".

"SI HAY MALVERSACIÓN, TIENE QUE PERSEGUIRSE EL DINERO"

"El 85-90 por ciento del importe de los fondos destinados a las ayudas fueron a beneficio de 6.300 trabajadores afectados por ERE y resulta que justamente por haber decidido esos pagos se trae por malversación a los acusados a este juicio con duras peticiones de penas y embargos, no a los beneficiarios", expone.

"Si hay malversación, tiene que perseguirse el dinero, que se destinó a una finalidad legítima por el Consejo de Gobierno", ha añadido a este respecto, porque, a su juicio, "no cabe entender los pagos legales e ilegales. Legales para los beneficiarios e ilegales por malversación para los altos cargos".

Sin embargo, ese "error inicial, lejos de ser superado, se intentó justificar, consagrando verdades inmanentes año a año a la instrucción". Así ha enumerado entre esas verdades y "dogmas de fe" para la instrucción, realizada en gran parte por la magistrada Mercedes Alaya y posteriormente Álvaro Martín, y para las acusaciones, que "los fondos eran ocultos, conocidos como fondo de reptiles, hasta la evidencia de que estaban recogidos en los presupuestos andaluces".

También ha añadido el uso inadecuado de las transferencias porque "sólo cabían para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas" o que se estableció el sistema de concesión para "eludir los controles y para la arbitrariedad".

Como "dogma de fe" para las acusaciones y la IGAE está que la normativa aplicable era la vigente en material subvenciones, en lugar de la competencia de ejecución de la normativa estatal, las órdenes ministeriales de 1994 y 1995. "Se ha partido de que las ayudas son subvenciones", ha afirmado el letrado.

De otro lado, ha reprochado que se achaque a la Dirección General de Trabajo la falta de transparencia en fase de elaboración, cuando "explicaba con claridad a que destinaba el 31L y el modo en que se iba a cumplir, con transferencias de financiación".

"No se sostienen" las tesis acusatorias de que los interventores delegados en Empleo "fueron engañados" sobre el uso de las transferencias de financiación, pues "podían fiscalizarlas y ser objeto de reparo". "Tampoco se sostienen que no pudieran fiscalizar las ayudas una vez fiscalizadas las transferencias, como han demostrado todos los peritos de parte". Para Martínez del Hoyo, "todos los peritos, de parte y de la IGAE, han señalado que el interventor general pudo y debió emitir el informe de actuación" ante irregularidades en las ayudas.

Cuando "alumbraron" que las tesis acusatorias se derrumbaban, "el Parlamento fue engañado y la presupuestación fue fraudulenta". "Semejante vaina creó un conflicto institucional y cayó por su propio peso", ha manifestado el abogado.

"PRESIÓN SOCIAL Y MEDIÁTICA"

En el caso ERE, como se dice en la película 'La pícara solterona', se ha intentado que "la realidad no estropeara un buen proceso" por parte de la instrucción y las acusaciones, sobre todo, cuando fue "evidente" que lo que se hacía venía en los presupuestos.

El abogado de Fernández, que ha alegado "dilaciones indebidas" en sus conclusiones definitivas, ha asegurado que en un ambiente de "presión social y mediática" entraron "las prisas", que "no son buenas consejeras y menos en una instrucción, para poner freno a nuevas imputaciones", sobre todo, en lo referente a los interventores delegados en Empleo, los interventores adjuntos a la Intervención General y los de Control Financiero Permanente. "Honestamente me pregunto cómo se concibe que sólo esté acusado el ex interventor general", ha confesado.

Martínez del Hoyo ha puesto de manifiesto que las tesis de la acusación "se han liberado a los cuatro vientos como si de una verdad judicial se tratase, hablándose de la ilegalidad del sistema, de la omisión de los controles, el descontrol de las ayudas y la opacidad de un procedimiento que operó durante diez años, algo desmesurado y absurdo y que sólo es una sospecha".

"SE DA POR HECHO UNA SENTENCIA CONDENATORIA, INCLUSO RAJOY"

"Se ha interiorizado por la sociedad, provocando alusiones despectivas y festivas al caso andaluz de los ERE, instaurando un estado de ánimo que da por entendido que hay delito, que los culpables están sentados en el banquillo y que se van a condenar", ha afirmado, lamentando que eso afectó a la presunción de inocencia de su cliente, quien pasó casi cuatro meses en prisión provisional.

En el marco del estado de opinión que "ha calado" en este país y que ha constituido "un ataque descarnado a la independencia del tribunal" de la Sección Primera de la Audiencia que tiene que juzgar esta causa, el abogado ha puesto de ejemplo una pregunta del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al socialista José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados durante la moción de censura el pasado 31 de mayo: "¿Cuándo llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?".

"Es una evidencia que ha calado en la sociedad, incluso en el expresidente del Gobierno, y se da por hecho una sentencia condenatoria. Nadie ha puesto de manifiesto este descomunal ataque a la Justicia de Rajoy porque ni se ha notado", ha afirmado, aclarando que en el caso de Rajoy pudo ser "una traición del subconsciente".

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