SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha advertido al Gobierno central de que fijar
salarios territoriales vía negociación colectiva "pese a ser una posibilidad articulable a través de acuerdos marco autonómicos o convenios sectoriales autonómicos o incluso provinciales, en la práctica se vería vaciada de contenido por causa de la reforma laboral de 2012, pues la misma establece dos vías para no aplicar ese posible salario mínimo sectorial y volverlo a dejar en el SMI fijado por el Gobierno".
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha indicado a Europa Press que esas dos vías para no aplicar el salario mínimo sectorial son "vía artículo 82.3 del Estatuto de Trabajadores, que dice que las empresas podrían inaplicar ese salario mínimo establecido en el convenio sectorial, por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y acordándolo con los trabajadores si no existiesen representantes en la empresa; o bien vía artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que las empresas podrían negociar su propio convenio colectivo de empresa con prioridad aplicativa sobre el convenio sectorial que hubiese fijado ese salario mínimo sectorial".
En ese sentido, el Gobierno andaluz sigue reclamando la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP por considerarla "injusta, ineficaz e insostenible, con efectos gravemente perjudiciales".
Entre esos efectos, Carnero ha apuntado "la destrucción de 230.000 puestos de trabajo en Andalucía en sus dos primeros años; el aumento de 3,5 puntos en la temporalidad, que aún persiste en el mercado de trabajo andaluz; la tasa de cobertura por desempleo ha caído de forma continuada hasta situarse en un 54 por ciento".
Otros efectos son "la reducción del coste de los despidos, que ha pasado de un 25 por ciento en 2012 a un 29 por ciento en 2016, e incremento, en el mismo periodo, de la suspensión temporal de contratos a través de expedientes de regulación de un 43 a un 60 por ciento; aumento de la siniestralidad laboral debido a la precarización del empleo; de forma que, como consecuencia de todo ello, hoy en día sólo nueve de cada cien contratos que se firman son de carácter estable".
Frente a ello, el Gobierno andaluz ha demandado "un marco normativo más justo, basado en la estabilidad y en la calidad del empleo, y que además garantice la igualdad de salarios entre hombres y mujeres".
La Junta ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores "se fija, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, por el Gobierno, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, la coyuntura económica general" y ha añadido que esta competencia es exclusiva del Estado.
POTENCIAR CONVENIOS COLECTIVOS
Para el Gobierno andaluz, "hay que volver a potenciar los convenios colectivos". En ese sentido el consejero ha manifestado recientemente que "es difícil de entender que una empresa, sea del sector que sea, dé unos beneficios de entre el 3,5 y el seis por ciento en el caso industrial y que las condiciones de los trabajadores se mantengan igual; eso puede acabar produciendo una fractura laboral".
La Junta ha recordado que al finalizar el año 2017, los convenios con vigencia expresa en Andalucía han sido 711 (100 de sector y 611 de empresa), un 57 por ciento más que a principios de año, dando cobertura directa a 912.003 trabajadores y 175.281 empresas, esta cifra de convenios colectivos con vigencia expresa supone la vuelta a magnitudes no alcanzadas desde 2010.
El año 2017 comenzaba con 453 convenios colectivos con vigencia expresa (49 de sector y 404 de empresa) que daban cobertura a 115.063 empresas y 491.495 trabajadores; lo que suponía aproximadamente el 30 por ciento de las unidades negociadoras de la comunidad autónoma.
Junto a los convenios con vigencia expresa, se contabilizaban 528 convenios colectivos más en prórroga tácita, al haber decidido las partes negociadoras de común acuerdo no iniciar las negociaciones al no usar el mecanismo de la denuncia del mismo.
De esta forma, al finalizar el año 2017 la cifra de convenios colectivos andaluces con vigencia en la comunidad autónoma ascendía a 1.239 convenios colectivos que daban cobertura a 185.821 empresas y 1.039.085 trabajadores.
El Incremento Salarial Ponderado pactado en los convenios con vigencia expresa se situó en 1,25 por ciento, siendo más alto en los convenios de sector (1,28 por ciento) que en los de empresa (0,84 por ciento). Por su parte los convenios colectivos suscritos en el año 2017 reflejan unos incrementos del 1,19 por ciento; el 1,22 por ciento los convenios de sector y del 0,95 por ciento los convenios de empresa.
Estos incrementos suponen "una importante subida respecto a los años anteriores en los que no se alcanzaron subidas del uno por ciento", de forma que la jornada anualizada y ponderada marcada por los convenios colectivos con vigencia expresa se situó en 1.771,24 horas, mientras que 2016 terminó en 1.774,14 horas.
