Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de "abrir una puerta de paso" a la proliferación de viviendas turísticas irregulares en la comunidad, mientras que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha defendido las actuaciones impulsadas por la Junta y ha reiterado la "tolerancia cero" del Ejecutivo autonómico con la oferta ilegal.
Durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, seguida por Europa Press, Gómez ha recordado que "se han declarado ilegales casi 17.000 viviendas turísticas" y ha criticado la "celeridad" de la Junta para matizar que no eran ilegales sino "irregulares". Al respecto, ha acusado al Ejecutivo autonómico de aplicar una "doble vara de medir" al tiempo que "señala como inquiocupas a deudores de buena fe que han pagado su alquiler religiosamente hasta caer en situación de vulnerabilidad sobrevenida".
El diputado de Por Andalucía ha sostenido que la Junta ha permitido que con "una declaración responsable con menos papeles que una liebre una vivienda pueda empezar a trabajar como empresa turística", lo que a su juicio ha derivado en que "17.000 viviendas se hayan desviado de su función social hacia el negocio turístico". Gómez advirtió de que la permisividad del Gobierno autonómico abre un conflicto "entre quienes tratan de convertir la vivienda en negocio turístico y quienes tienen dificultades de acceso a la vivienda" en plena crisis habitacional en Andalucía.
Asimismo, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico haya recurrido en tres ocasiones al Tribunal Constitucional "para cuestionar la protección de personas vulnerables", lo que, en su opinión, "demuestra de qué lado interviene la Junta".
Por su parte, Bernal ha defendido que la Junta ha emprendido "muy diversas y contundentes actuaciones" para reforzar el marco normativo y dotar a los municipios de "la potestad de definir el modelo de ciudad que quieren para sus ciudadanos". Ha explicado que la inspección turística trabaja en coordinación con ayuntamientos, cuerpos de seguridad y plataformas digitales "para combatir la clandestinidad y la vivienda ilegal".
El consejero ha subrayado que gracias a esas medidas "se han cancelado más de 10.500 viviendas turísticas en Andalucía que no cumplían con los requisitos autonómicos o urbanísticos", y ha reprochado al Gobierno central que "se dedique a vender humo".
Bernal ha remarcado que su departamento defiende un turismo "de calidad, ordenado y sostenible", y ha insistido en que "ya está bien de atizar a la actividad turística con falsos relatos".
En este sentido, ha replicado que "la gran mayoría de las viviendas de uso turístico inscritas en el registro no pertenecen a fondos buitres ni a grandes tenedores, sino a ciudadanos andaluces, de clase media y trabajadora, que han heredado o ahorrado durante años para poder mantener una vivienda".
EMERGENCIA HABITACIONAL
Asimismo, el diputado de Vox, Antonio Sevilla, ha acusado a la Junta de ser "incapaz de resolver la emergencia habitacional" que afecta a numerosas familias andaluzas, mientras que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido las medidas impulsadas en los últimos años, como el Plan Vive en Andalucía y el aval hipotecario para jóvenes.
En su intervención en la sesión plenaria, Sevilla ha reclamado que el presidente de la Junta "apriete el botón pertinente" y disuelva el Parlamento autonómico por "inútil" y un Gobierno que, a su juicio, "se ha mostrado incapaz en seis años de solventar el problema de la vivienda". El parlamentario ha acusado al Ejecutivo andaluz de "no destinar recursos propios suficientes a la construcción de viviendas" y de "perpetuar que los jóvenes no puedan emanciparse y que los trabajadores gasten casi todo su sueldo en el alquiler".
De esta forma, ha lamentado que barrios tradicionales se están convirtiendo "en zonas de lujo" y que "no hay casas para los vecinos", pese a que el PP "ha tenido recursos, tiempo y mayoría absoluta". En referencia a su provincia, ha apuntado que "hoy en Málaga prácticamente es más fácil comprarse un Ferrari que una vivienda" y criticó que las familias tengan que dedicar "más de diez años de salario para pagar una casa, frente a los dos o tres años de la década de los 90".
Asimismo, ha reprochado que en Andalucía solo se construyeran "1.819 viviendas de VPO en 2024, de las que en Málaga apenas fueron 700 frente a 14.000 solicitudes". Sevilla acusó a la Junta de "limitarse a fotos, inauguraciones y a bailar en TikTok para captar el voto de los jóvenes" mientras los andaluces "se convierten en esclavos de un sistema que les impide emanciparse".
Por su parte, la consejera ha defendido que el acceso a la vivienda exige "colaboración institucional y diálogo" por encima de la confrontación, y aseguró que el Gobierno andaluz "ha hecho mucho, aunque queda camino por recorrer". En este sentido, destacó la puesta en marcha del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, "el primero que ha tenido la comunidad", enfocado en la construcción de vivienda asequible y en la rehabilitación.
Por us parte, Díaz ha subrayado también las "rebajas fiscales sin precedentes" y la activación del aval hipotecario, que ha permitido que "2.100 jóvenes accedan a una vivienda desde 2023". Asimismo, señaló la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda "para disponer de más suelo" y anunció que varios ayuntamientos "de distinto signo político ya se han adherido".
En paralelo, ha advertido de que la Ley estatal de Vivienda impulsada por el Ejecutivo central "ha tenido consecuencias nefastas, retirando vivienda del mercado", y defendió la necesidad de derogarla. También reclamó una "ley contra la ocupación ilegal", aludiendo al caso de una familia andaluza afectada por lo que calificó de "tragedia" por la situación de los inquiocupas.
"Solos no podemos hacerlo", ha concluido la consejera, apelando al Gobierno de España a colaborar ante lo que consideró un reto "vital para Andalucía".