Andalucía lidera la lista espera en dependencia con 44.253 personas pendientes y una demora de 574 días

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la comunidad autónoma que más personas tiene en lista de espera para la prestación de la Dependencia, con un total de 44.253 personas a fecha de 30 de junio de 2025, según la segunda entrega del Panel del SAAD, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Asimismo, atendiendo al informe correspondiente al segundo trimestre de 2025, consultado por Europa Press, el 4,18% de la población andaluza está en lista de espera, y el tiempo de gestión desde las solicitud a la resolución de Dependencia asciende a los 574 días.

De este modo, en comparación con el pasado año, en estas mismas fechas la espera era de 585 días, por lo que esta gestión ha recortado once días su espera en un año.

En otro orden de cosas, del total de la población potencialmente dependiente en nuestra región (1.059.893), un 40,90% de ella (426.018) ha registrado la solicitud para obtener ese derecho. Así, de dichas solicitudes, 263.533 (61,9%) son mujeres y 162.485 (38,1%) hombres. En más detalle, el 28,6% de esas 426.018 son personas de 0 a 64 años; el 24,1% de 65 a 79 años; y el 47,3% tienen más de 80 años.

También, en el pasado mes se han dado de alta 4.327 solicitudes, y en contraposición, se han dado de baja un total de 3.567. De estas últimas, el 89,04% (3.176) han sido por fallecimiento; el 1,40% por traslado; el 0,03% por fin de prestación; el 6,64 por desistimiento o renuncia; el 2,5% por caducidad; y el 0,39% por otros motivos.

UN TOTAL DE 1.565.838 PERSONAS ATENDIDAS EN ESPAÑA

A nivel nacional, el nuevo informe, que corresponde al segundo trimestre de 2025, se ha centrado en analizar cómo el modelo de cuidados está evolucionando hacia servicios más personalizados que se ofrecen en ámbitos cercanos. De las 2.204.784 prestaciones totales del SAAD, el 56% (1.240.337) se despliegan en los hogares y en el entorno comunitario. Desde 2020 las prestaciones de proximidad han aumentado en 491.339 y su peso sobre el total se ha incrementado un 4%.

El crecimiento del número total de prestaciones (+54,5% desde 2020) ha ayudado a impulsar la tendencia a la personalización y la adaptación de los cuidados. En los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona a 1,41, lo que supone un crecimiento del 11%.

Las prestaciones que más se combinan actualmente entre sí son la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la prestación económica por cuidados familiares. La teleasistencia y la ayuda a domicilio son, además, los servicios tecnológicos y profesionales más habituales en el Sistema de la Dependencia con un 25,3% y un 19,4%, respectivamente.

Desde finales de 2020 el número total de estas prestaciones ha crecido un 119% en el caso de la teleasistencia y un 42,5% en la ayuda a domicilio. En el caso de la ayuda a domicilio también ha aumentado la intensidad de este servicio, es decir, las horas que se ofrecen de este servicio a cada persona dependiente. En 2020 la intensidad media era de 36,8 horas mientras que en junio se ha situado en 40,4 horas.

Otro de los recursos que Derechos Sociales ha señalado como claves para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales son los centros de día, una alternativa que supone ya un 6,4% de las prestaciones y que han crecido un 24% entre 2020 y 2025.

A este respecto, desde el Ministerio --que dirige Pablo Bustinduy-- se presentó este año un anteproyecto de las leyes de Dependencia y de Discapacidad en el que se reorienta la definición de los centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado.

Al respecto, en el mes de junio de 2025 el número de personas que son atendidas en el Sistema (personas con grado de dependencia reconocido y PIA con prestación) alcanza las 1.565.838. El aumento supone un crecimiento del 7,5% respecto a junio de 2024. La lista de espera en junio de 2025 se ha reducido en 4.356 personas (-2,4%) respecto al año anterior y se sitúa en 180.794 personas.

Esta reducción coincide con un aumento de la presión sobre el crecimiento del número de personas en el Sistema (ya sean personas con prestación concedida, con prestación en tramitación y con una resolución a la que no se le asigna grado de dependencia).

Concretamente el SAAD ya tramita los expedientes de 2.239.149 personas y ha experimentado un crecimiento de 133.155 personas (6%) en el último año. En cuanto a la metodología, el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que es la administración que recoge y clasifica los datos ofrecidos por los gobiernos autonómicos, contabiliza en la lista de espera a todas las personas que, habiendo pasado seis meses desde la solicitud, aún no reciben ninguna prestación sin que exista una causa justificada.

Esto responde a lo dispuesto en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) que establece que el procedimiento completo -desde la solicitud hasta la resolución del derecho y de las prestaciones- debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

Analizando la lista de espera por comunidades autónomas, Castilla y León y Aragón son los gobiernos con menos listas de espera al tener a un 0,10% y un 0,35% de su población potencialmente dependiente en esta situación administrativa. Le siguen la Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Galicia, todas con un 0,40% de población potencialmente dependiente.

Teniendo en cuenta los números totales, los gobiernos con menos lista de espera son los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 41 y 202 personas, seguidas del de Navarra con 337. Respecto a la evolución, los ejecutivos autonómicos que más han reducido sus listas de espera en el último año son los de Cantabria, con un 58,8% (-715 personas); Aragón con un 52,8% (-724 personas) y Castilla y León con un 36,3% (-243 personas).

En cuanto al tiempo medio de gestión, el plazo necesario desde que una persona solicita su valoración hasta que recibe una prestación se ha reducido en 61 días en los últimos cinco años. En 2020 había que esperar una media de 403 días mientras que junio de 2025 el periodo es de 342 días (-15%). La disminución es todavía mayor si se observa desde su punto más alto, en 2021, cuando se alcanzaron los 469 días por el bloqueo administrativo sufrido tras el Covid-19.

En este sentido, los gobiernos autonómicos que menos tiempo necesitan para la tramitación son los de Ceuta (60 días), Castilla y León (113 días) y País Vasco (129 días). Y los ejecutivos que más han reducido su tiempo medio de gestión en el último año han sido los de Islas Canarias (-71 días), Melilla (-52 días) y Aragón (-49 días).