Por Andalucía propone una ley de estabilidad en el empleo público para "acabar con el abuso de la temporalidad"

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha anunciado este miércoles su compromiso para impulsar desde el Gobierno un ley andaluza de estabilidad en el empleo público con el objetivo de "poner fin a décadas de precariedad estructural" en la administración andaluza, así como "garantizar derechos laborales a miles de trabajadores interinas que sostienen cada día los servicios públicos esenciales".

Según ha indicado la coalición en una nota, la propuesta llega tras una sentencia del Tribunal Supremo que "abre una nueva vía jurídica y política" para reconocer la estabilidad del personal temporal en situación de abuso.

Por Andalucía ha destacado que el alto tribunal considera que, "cuando una persona ha superado un proceso selectivo real conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la conversión en personal fijo no resulta contraria a la Constitución aunque no obtuviera plaza por falta de vacantes".

La coalición ha subrayado que la comunidad es "uno de los territorios más afectados por esta problemática, especialmente en la sanidad pública y en la educación, donde miles de profesionales llevan años encadenando contratos temporales para cubrir necesidades estructurales".

"No es razonable que quienes sostienen hospitales, centros de salud, colegios e institutos vivan en la incertidumbre permanente mientras la propia administración reconoce con sus hechos que esas plazas son necesarias y permanentes", han subrayado desde Por Andalucía.

La ley andaluza establecerá un procedimiento extraordinario de reconocimiento administrativo del abuso de temporalidad para "evitar que miles de trabajadores tengan que acudir individualmente a los tribunales". Asimismo, adaptará los procesos de estabilización y consolidación a la nueva doctrina judicial, "priorizando especialmente al personal sanitario y educativo, sin obligarles a superar un nuevo proceso selectivo competitivo".

Desde Por Andalucía han señalado que la Junta "no puede seguir gastando dinero público en litigar contra quienes sostienen los servicios públicos andaluces" y han pedido una solución "política, justa, garantista y compatible con los principios constitucionales para miles de profesionales que llevan años desempeñando funciones estructurales en condiciones de precariedad".