Bustinduy defiende un récord de financiación de dependencia en Andalucía y acusa al PP de "privatizar" los servicios

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El minsitro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este martes en el Senado el compromiso del Gobierno con el refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con una financiación "histórica" que alcanza este año los 3.700 milolones de euros frente a las críticas de la senadora del PP Cristina Casanueva, que ha criticado una infrafinanciación del sistema y un trato "injusto y arbitrario" hacia Andalucía.

Casanueva ha preguntado así al ministro por las medidas previstas para reforzar el SAAD y garantizar una atencion "digna, eficaz y sostenible" a las personas dependientes, especialmente en comunidades como Andalucía.

En su respuesta inicial, Bustinduy ha señalado que el Gobierno trabaja en una reforma del sistema centrada en mejorar la ayuda a domicilio, agilizar los trámites burocráticos para reducir listas de espera y eliminar incompatibilidades entre prestaciones, además de acabar con los "últimos recortes" del sistema y dar al trabajo de cuidados "la centralidad y el reconocimiento social que merece".

El ministro ha incidido además en que el Ejecutivo se ha comprometido a dotar esta reforma de la financiación necesaria, consolidando una senda de crecimiento que ha permitido alcanzar en 2024 un "récord histórico absoluto" de financiación de la dependencia, con 3.700 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior, un 15% más que en 2023 y "el triple" de los recursos destinados en 2014, cuando gobernaba el PP.

Bustinduy ha defendido también medidas como la reforma del artículo 49 de la Constitución, la conocida como ley ELA y el reciente real decreto ley que ha inyectado 500 millones de euros adicionales al sistema de dependencia, con el objetivo de que estas iniciativas puedan salir adelante con un "amplísimo consenso político" y se conviertan, a su juicio, en una de las principales aportaciones de la legislatura al refuerzo del Estado del bienestar.

Por su parte, la senadora del PP ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de tolerar desigualdades territoriales y de permitir la existencia de "dependientes de primera y de segunda", en referencia a la financiación del sistema.

Casanueva ha criticado que la ley ELA haya estado "casi un año sin financiación", que la reforma de la ley de dependencia y discapacidad avance "sin memoria económica" y que el Ejecutivo encadene un tercer año sin Presupuestos Generales del Estado, lo que, a su juicio, impide destinar más recursos a los dependientes.

En este sentido, ha afirmado que no se han aprobado créditos extraordinarios para la dependencia, mientras se congelan las partidas autonómicas y el plan de choque, al tiempo que se imponen nuevos servicios sin financiación asociada.

Según ha indicado, Andalucía estaría asumiendo un déficit de unos 400 millones de euros anuales en dependencia, especialmente por el incremento de las necesidades del servicio de ayuda a domicilio.

Casanueva ha aportado además datos comparativos para defender la gestión de la Junta de Andalucía, señalando que entre 2019 y 2026 se habrán invertido más de 10.500 millones de euros en dependencia frente a los 4.400 millones del Gobierno central, y ha criticado la diferencia en el coste de las plazas residenciales, con 1.749 euros mensuales abonados por la Junta frente a los 130 euros que, según ha dicho, aporta el Estado.

"Andalucía tiene el mayor sistema de dependencia de España y recibe un trato injusto y arbitrario", ha sostenido, reclamando la misma financiación y condiciones que el País Vasco.

En su réplica, Bustinduy ha respondido que en 2024 su ministerio ha transferido a la Junta de Andalucía 170 millones de euros en concepto de nivel acordado para financiar la dependencia, "el triple" de lo que se destinaba en 2020 y frente a los "cero euros" aportados entre 2014 y 2018, tras la supresión de este nivel por parte del PP como parte de los recortes al sistema.

Asimismo, ha subrayado que en 2024 la Administración General del Estado ha contribuido con un 35% a la financiación de la dependencia en Andalucía, 15 puntos más que cuando gobernaba el PP. Con todo, ha señalado que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con más personas en espera de una resolución de dependencia y con mayores plazos medios de espera, que ha cifrado en 512 días.

El ministro ha atribuido esta situación a las políticas autonómicas del PP, que, según ha denunciado, "asfixian, privatizan y convierten los servicios públicos en regalos fiscales a los ricos", y ha defendido que la mejor manera de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos es "defender el interés general". "La ciudadanía merece otra cosa", ha concluido Bustinduy.