CCOO rechaza el Presupuesto de la Junta de 2020 y CSIF pide su presencia en la concertación social

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agentes sociales han empezado a comparecer este lunes ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía para ofrecer su análisis de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. CCOO-A ha expresado "su rechazo" ante las cuentas de 2020 por entender que "estamos ante unos Presupuestos que no ayudan a corregir los problemas de Andalucía, donde hay 865.800 personas desempleadas, lo que sitúa la tasa de paro en el 21,83%", CSIF-A ha exigido formar parte de la Concertación Social como sindicato más representativo de la Función Pública en Andalucía, así como ha reclamado que se destine a Educación el 7% del PIB.

CCOO ha fundamentado su análisis, explicado a través de un comunicado, en los datos del mercado de trabajo andaluz, razón esgrimida para expresar el rechazo a los Presupuestos de 2020. En este sentido ha indicado que "la contratación a tiempo parcial involuntaria y obligada es del 70%, la tasa de parcialidad del 16%, los salarios han subido escasamente un 1% en los últimos 5 años y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es de un 38,2%", en palabras del secretario de Política Institucional y Coordinación de CCOO de Andalucía, José Blanco.

La argumentación de CSIF, además de reclamar el incremento de su representación institucional, se ha encaminado a exigir mejoras salariales para los funcionarios con el objeto de alcanzar su equiparación salarial, así como en demandar incrementos presupuestarios en ámbitos como la educación. Según una nota de este sindicato, CSIF-A ha reivindicado su pertenencia al Consejo Económico y Social de Andalucía, al Consejo Andaluz de Riesgos Laborales, al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y al Consejo Andaluz de Formación Profesional.

CCOO ha argumentado que los presupuestos de la Junta anteponen el déficit a la prestación de derechos fundamentales, por lo que ha recordado las movilizaciones en sanidad ante el cierre de plantas y falta de personal o las 470 unidades menos en la enseñanza pública, que afecta, principalmente, a zonas rurales.

"El Ejecutivo opta por beneficiar a las rentas más altas, en perjuicio de las rentas de las personas trabajadoras y, mientras los ingresos por impuestos directos sobre el capital se reducen un 11%, aumentan en un 9% sobre las rentas de las personas físicas", ha señalado Blanco.

El presidente de CSIF-A, Germán Girela, ha establecido un paralelismo con la pluralidad de partidos representados en el Parlamento de Andalucía, a los que ha apelado a que perciban la Concertación Social como un "instrumento cuyo objetivo es alcanzar acuerdo y consenso en los grandes problemas sociales y económicos que afectan a la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras andaluzas".

Girela ha pedido que se tenga en cuenta el último Acuerdo de Concertación Social de 2018, que recoge 11 medidas que afectan y son de aplicación a ámbitos laborales en los que este sindicato tiene representación sindical, especialmente, aquellas que conciernen a los servicios públicos.

CSIF-A ha recordado que ha advertido en dos ocasiones, en lo que va de año, en las Mesas Generales de Negociación que no se puede permitir que los profesionales de la sanidad y la sociedad en general "pierda lo que tanto nos ha costado construir".

CSIF-A ha apelado a la equiparación salarial de los trabajadores sanitarios respecto al resto de España, a la agilización en la cobertura de bajas, actualmente situada en un 28%, así como a la posibilidad de hacer carrera profesional.

En el terreno de la educación, CSIF-A vuelve a pedir que se destine el 7% del PIB a este sector ya que las carencias en recursos humanos y materiales se traducen en ratios insostenibles, en torno a 30 alumnos por aula en algunos casos, o plantillas sin cubrir en un 70% de centros encuestados por este sindicato a principios del curso escolar 2019/2020.

CCOO ha defendido modificar la partida de ingresos mediante una reforma fiscal que garantice un sistema tributario proporcional y progresivo; la implantación de una tasa turística; y un modelo de financiación adecuado y justo con Andalucía.

El sindicato ha apostado por el fortalecimiento de los servicios públicos y su gestión, mayor inversión en infraestructuras públicas y un plan específico que garantice el acceso a la vivienda y regule las viviendas turísticas.

DE 4,2 A 2 MILLONES EN PROTECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El sindicato se ha mostrado también muy crítico con los presupuestos sobre violencia de género y siniestralidad laboral. Sobre la primera CCOO ha dejado claro su "rechazo absoluto" a la pretensión del gobierno y de sus socios, de cambiar la nomenclatura que define a la violencia machista así como el recorte de casi un 50% de la partida de prevención y protección, que pasa de 4,2 millones en 2019 a poco más de 2 millones para 2020.

"Se pongan como se pongan, esto es violencia de género, están matando a mujeres, y ya son 49 las asesinadas por hombres, de las cuales 11 son ciudadanas andaluzas", ha manifestado el secretario de Política Institucional y Coordinación de CCOO de Andalucía, José Blanco.

CCOO ha recordado en su intervención que cada día se producen 300 accidentes de trabajo y cada tres días fallece una persona en accidente laboral. "Es incomprensible que con cifras como éstas los presupuestos recorten un 7'7% la partida para prevención", ha dicho Blanco. El sindicato ha reclamado que se aumente y que el Ejecutivo asuma de manera prioritaria esta cuestión en su agenda política.

Otra de las cuestiones en las que este sindicato ha mostrado su disconformidad han sido la disminución de las partidas para la formación profesional para el empleo en más de 27 millones de euros respecto a 2019, o para el empleo y trabajo autónomo, que solo crecen 21 millones después del recorte sufrido en 2019.

"No podemos decir que son unos presupuestos que resuelvan los problemas de los andaluces y andaluzas ni que las inversiones vayan orientadas hacia la inversión productiva y los sectores estratégicos en nuestra tierra, por lo que nuestro rechazo ante unos presupuestos poco sociales y poco creíbles es manifiesto", ha apostillado CCOO.

En el caso de la Administración General de la Junta de Andalucía, Germán Girela ha subrayado que hay más de 40.000 funcionarios y laborales que trabajan por vocación de servicio público, por lo que se exige que se cumpla con el mandato del Estatuto Básico del Empleado Público que desarrolle una Ley de Función Pública en Andalucía "con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalización del empleo público que redunde en beneficio de nuestra sociedad".

CSIF-A ha vuelto a señalar que aún queda la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014 de los funcionarios y empleados públicos, así como la recuperación definitiva del resto de derechos perdidos y ha exigido avanzar en la carrera profesional, en la cobertura de todos los puestos necesarios para una administración ágil, eficaz y eficiente, como corresponde a unos servicios públicos del siglo XXI.