CORDOBA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), restó hoy importancia al recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra el acuerdo del Pleno municipal que aprobó el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río en contra del criterio expresado por la Junta en un informe previo, asegurando, además, que tal acción judicial no afecta a las relaciones Junta-Ayuntamiento.
En declaraciones a los periodistas, Aguilar aclaró que el Ayuntamiento toma las decisiones "en los órganos correspondientes en función de los informes que los técnicos municipales realizan y en la Junta también atienden a lo que sus técnicos dicen y, en este sentido, cuando el criterio de los técnicos municipales es diferente del de los técnicos de la Junta, pues es normal que cada Administración respalde a sus técnicos y al final decidirán los tribunales", en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por la vía contencioso-administrativa.
Aguilar quiso restar importancia a dicho enfrentamiento judicial asegurando que situaciones de este tipo son relativamente habituales y, a este respecto, recordó que "el Ayuntamiento de Córdoba, en relación con el Plan Renfe, tuvo que hacer frente a ocho contenciosos, es decir, la Junta, cuando sus técnicos tienen criterios diferentes a los técnicos de cualquier ayuntamiento andaluz, aplica de modo habitual la misma fórmula, la de recurrir, que es la que también ha empleado ahora".
"Y no hay porque darle mayor importancia --prosiguió Aguilar--, ya que lo que sí es seguro es que el Ayuntamiento seguirá tomando decisiones en función de los informes de los técnicos municipales, que son los que para nosotros valen, de forma que, si hay otros informes técnicos que dicen algo diferente, en este caso desde la Junta, pues que resuelvan los tribunales, ni más, ni menos, así de sencillo".
Ello, sin embargo, no influirá de modo negativo en las relaciones institucionales entre la Junta y el Ayuntamiento cordobés, pues, según argumentó la alcaldesa de Córdoba, "si tuviésemos que pensar que cuando hay recursos de por medio es porque no hay armonía entre ambas administraciones, estaríamos absolutamente equivocados", pues "la Junta está en su perfecto derecho de defender la interpretación que sus técnicos le dan, como en nuestro perfecto y pleno derecho estamos en el Ayuntamiento de avalar los informes que nos dan nuestros técnicos y que son la base de nuestras decisiones políticas".
Aguilar concluyó afirmando que "esto no es un elemento que distorsione, para nada, las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ya que, aunque podamos estar más o menos de acuerdo con el contenido del recurso interpuesto, eso no quiere decir que no haya buena relación, buena armonía y que no haya acuerdos en un motón de elementos y aspectos que inciden positivamente en la ciudad", mediante "proyectos conjuntos que miran a los intereses generales de los cordobeses".
OPINIÓN DE LA GMU
Por su parte, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Andrés Ocaña, abundó en el argumento esgrimido por la alcaldesa en cuanto a que el recurso de la Junta "entra dentro de la normalidad, a no ser que se quiera entender que porque la Junta cuestione una decisión municipal ya lleva la razón exclusivamente por eso", pero no puede considerarse así, ya que "la Junta recurre todos los días decisiones de muchos ayuntamientos con los que no están de acuerdo".
En el caso del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, "ellos tienen su enfoque técnico y nosotros tenemos el nuestro, los que sean más validos lo tendrá que decidir la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA", según Ocaña, quien destacó que "no pasa absolutamente nada, porque nuestros argumentos están ahí, aunque haya un responsable político que está empeñado en decir permanente que esto es una decisión política, y ya está bien de que mienta y esconda su permanente falta de responsabilidad y falta de conocimiento de lo que significa la maquinaria municipal, aunque a lo mejor es que tiene muy interiorizadas otras épocas donde no había Estado de Derecho".
Por último y respecto a que la Junta solicite la suspensión del acuerdo plenario y, por tanto, la ejecución del Plan Especial que mediante el mismo se aprobó, Ocaña reconoció que "cabe la posibilidad de que solicite la paralización de la ejecución del Plan, pues, si la Junta lo tiene tan claro y considera que es tan grave, lo lógico es que la pida".
