Córdoba.-El alcalde de Fuente Palmera pide "medidas excepcionales" contra una "quiebra" de la que culpa a Guisado (PSOE)

Manuel García (Olivo) asegura que su denuncia de delitos urbanísticos no va contra el PSOE, los promotores o los dueños del suelo afectado

FUENTE PALMERA (CORDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fuente Palmera, Miguel García (Olivo), pidió hoy "a las administraciones competentes (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) que adopten medidas excepcionales, como se ha hecho con otros municipios cordobeses", para sacar al Ayuntamiento de "la insostenible situación económica en la que lo dejó el anterior alcalde, Antonio Guisado (PSOE)".

En declaraciones a Europa Press, García explicó que, "si el Ayuntamiento de Fuente Palmera fuese una empresa privada, hace ya varios años que se habría declarado en quiebra y, dado que no tenemos medios propios para solventar este grave problema, esperamos contar con el apoyo que anteriormente se ha brindado a otros ayuntamientos de esta provincia, porque lo que no es de recibo es que los ciudadanos de Fuente Palmera sean las víctimas de la gestión desarrollada bajo el anterior mandato municipal".

Ello ha llevado a que "un municipio de 10.200 habitantes, repartidos entre diez núcleos de población, lo que por sí solo ya incrementa los gastos por la prestación de cualquier servicio, tenga ahora una deuda de más de diez millones de euros, y eso es mucho cuando además el proyecto de presupuesto municipal, que llevaremos a Pleno el próximo jueves, apenas alcanza los 6,5 millones de euros, siendo la cifra de algo más de siete millones de euros en el caso del proyecto de presupuesto consolidado", según destacó García.

A esta situación se ha llegado, según subrayó el alcalde de Fuente Palmera, "por una forma de gestionar y hacer política, en todos los ámbitos y sólo achacable al anterior gobierno municipal, que mantenía al Ayuntamiento en una situación de falta de control técnico, pues, de hecho, no había técnicos, sino un secretario e interventor accidental que se ocupaba de todo, mientras que bajo el mandato del Olivo se provisto al Ayuntamiento de un secretario, un interventor y un arquitecto, a la vez que hemos adoptado otras medidas que sólo buscan llevar al Consistorio por el camino de la normalización y la regeneración democrática".

A este respecto, García hizo un llamamiento al PP, para que se sume al Olivo en dicho proceso de regeneración, "en lugar de alinearse por sistema con el grupo socialista y en contra de los proyectos, en su mayoría no políticos sino técnicos, que presenta el Olivo", formación independiente que gobierna en minoría, con cinco concejales, frente a los cinco concejales del PSOE, los dos del PP y uno de IU.

DENUNCIA URBANISTICA

Finalmente, a pesar de las críticas al ex alcalde de Fuente Palmera, Antonio Guisado (PSOE), García quiso dejar claro que no va contra el PSOE, "que es una organización muy respetable", la denuncia que presentó ante el Juzgado de Instrucción número dos de Posadas y la Fiscalía el pasado 6 de abril, y por la que dicho juzgado abrió diligencias previas, en relación con la presunta comisión de delitos de carácter urbanístico. De hecho, el juzgado maleno ha citado ya a declarar el próximo mayo a Guisado, a la ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuente Palmera y actual portavoz municipal del PSOE, Maribel Ostos, y al que fuera durante el mandato de Guisado el secretario accidental del Ayuntamiento, Carmelo Tubío.

García también afirmó que dicha denuncia "tampoco va en contra de los promotores urbanísticos, ni de los propietarios del suelo en cuestión, en cuya buena fe creo, pues seguro que se vieron atrapados en la maquinaria perversa puesta en marcha por el anterior gobierno municipal para poder vender un suelo que no se podía vender, un total de 21.070 metros cuadrados que han desaparecido, bien porque fueron ocupados o vendidos, permitiéndose luego la construcción de viviendas en ellos", cuando su destino era acoger zonas verdes y equipamientos.

"Con ello --concluyó García-- se puso el urbanismo al servicio de intereses particulares y no del interés general, porque tampoco se buscó un beneficio social, puesto que el precio de la vivienda no se abarató en Fuente Palmera, ni tampoco reclamó el Ayuntamiento el diez por ciento del suelo al que tendría derecho, de las unidades de actuación en las que se vendió suelo, obteniendo así (por unos 4.000 metros cuadrados) más dinero del que se ha conseguido vendiendo aquello que no se podía vender, para así destinarlo a construir viviendas de protección oficial (VPO), que tampoco tenemos".

Por ello, García pidió tranquilidad a los actuales propietarios de las citadas viviendas, asegurando que, dado que ellos no son responsables de lo ocurrido, "la situación de sus viviendas se reconducirá con el PGOU", mientras que reiteró que "la denuncia no va contra el PSOE, sino contra personas concretas que, amparándose en el buen nombre de esta organización, ha actuado indebidamente y por eso no vale en este caso que usen cortinas de humo, amparándose en las siglas de un partido".