CORDOBA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), informó hoy de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento concretarán "muy pronto reuniones de carácter más técnico que político para abrir vías de solución" en cuanto a las parcelaciones ilegales ubicadas en el entorno de Medina Azahara.
En declaraciones a los periodistas, Aguilar señaló que ya ha habido algunos contactos informales al respecto y que por parte de las dos administraciones "se está pensando en las soluciones que se podrían arbitrar y en esa medida se está trabajando para darle formalidad cuando todos los aspectos de este tema se hayan estudiado y analizado".
Asimismo, explicó que una vez que se hayan mantenido las reuniones formales entre el Ayuntamiento y la Junta posteriormente habrá un encuentro con los vecinos porque, como dijo Aguilar, "vamos a hacerles participar en la solución final".
De otro lado, y al ser preguntada por si teme que las elecciones municipales puedan distorsionar el que se llegue a una solución, la alcaldesa respondió que espera que "el tiempo electoral no interfiera en lo que tiene que ser una solución rápida a una realidad que se viene viviendo durante muchos años en la ciudad" y mostró su deseo de que las parcelaciones ilegales "no sea un tema objeto de campaña electoral sino de diálogo institucional y de acuerdo con los vecinos".
RECURSO AL PLAN ESPECIAL
Asimismo, y después de que los vecinos de la parcelación ilegal de Las Pitas hayan decidido recurrir ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo el Plan Especial de Protección de Medina Azahara (Pepma) y la ampliación de la zona protegida decretada por la Junta en 2003, la alcaldesa evitó entrar en el tema, porque, según dijo, "es una decisión que le compete a ellos".
En este línea, insistió en que, "independientemente de las decisiones que los vecinos decidan tomar, las instituciones vamos a hablar con la voluntad de ponernos de acuerdo y los vecinos tendrán su participación en la solución".
Por su parte, los vecinos, según publicó hoy la prensa provincial, recirrirán el Pepma alegando que no fue aprobado por el órgano competente de la Junta, que, a juicio de los vecinos, debería ser la Consejería de Obras Públicas y no la de Cultura.
A su vez, contra la ampliación de la zona de protección del Bien de Interés Cultural (BIC), el colectivo argumenta que hubo defectos de forma en la exposición pública del documento.
Los vecinos piden que se les dote de agua potable y saneamientos y que se les integre en la zona de protección porque, según afirmaron, ellos estaban allí antes de 2003.
