Márquez afirma que las administraciones deben entenderse sobre las parcelaciones de Medina Azahara, pero en base a la legalidad
CORDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, advirtió hoy al Ayuntamiento de Córdoba de que, si persiste en llevar hasta la aprobación definitiva el Plan Especial de Saneamiento y Abastecimiento de la parcelación ilegal de Las Pitas, ubicada en el entorno protegido de Medina Azahara, el asunto llegará al juzgado.
En declaraciones a los periodistas, Márquez explicó que, "tal y como determina el imperio de la ley, los informes que se van a emitir por parte de la Junta de Andalucía serán negativos", respecto al referido Plan Especial, ya aprobado inicialmente en el último Pleno municipal con los votos favorables del gobierno municipal de IU y del grupo popular y la abstención del PSOE.
A partir de ese momento, "el Ayuntamiento será responsable de tomar la decisión que considere oportuna, de tal forma que si los informes de la Junta no fueran positivos, como ya se prevé, y el Ayuntamiento siguiera adelante en su propósito, pues para eso estarán los tribunales, para dirimir cualquier discrepancia que haya en el ámbito de la interpretación" de la normativa urbanística.
Precisamente, en cuanto al argumento del gobierno municipal de IU de que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) obliga al Consistorio cordobés a permitir que los parcelistas ilegales de Las Pitas tengan agua y alcantarillado, Márquez recordó que dichas viviendas ilegales están en "una zona que tiene el máximo rango de protección jurídica, antes bajo un Plan de Especial Protección, y luego la Consejería de Cultura instó la declaración de Medina Azahara y su entorno como Bien de Interés Cultural (BIC)".
Durante la tramitación del BIC, según recordó el delegado del Gobierno andaluz, "se abrió un plazo para la presentación de alegaciones, sin que el Ayuntamiento presentara ninguna, hasta el punto de que el BIC forma parte de la normativa urbanística propia de la ciudad de Córdoba, y ante eso no cabe ningún tipo de interpretación que puedan esgrimir los parcelistas en beneficio de sus propios intereses", de forma que, aunque todavía debe tratarse entre Junta y Ayuntamiento cómo y cuando, pero lo cierto es que las parcelaciones ilegales "tienen que desaparecer" del entorno protegido del citado yacimiento arqueológico del siglo X.
Precisamente, respecto a la negociación abierta la pasada semana de forma directa entre Márquez y la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba afirmó que ambas administraciones están obligadas a entenderse en la búsqueda de una solución al problema que suponen las parcelaciones ilegales situadas junto a la antigua ciudad palatina y emblema del Califato de Córdoba, "pero hay que resolverlo desde la legalidad, pues mal ejemplo daríamos las instituciones públicas si no respetamos la Ley".
Márquez insistió en que en la negociación ahora abierta, como la ya iniciada hace dos años en el seno de una comisión técnica conjunta de ambas administraciones para tratar el mismo asunto, "no se resolverá de forma rápida", pero debe hacerse, "no desde la confrontación institucional", sino en base al acuerdo, pero siempre con la Ley por delante, para dar una salida a la "situación de ilegalidad que amenaza a la ciudad palatina".
