CÓRDOBA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, ante las movilizaciones retomadas esta semana por la patronal agraria Asaja contra la declaración como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de 34.000 hectáreas en la comarca del Guadiato, ha emplazado a los agricultores afectados a buscar al respecto un acuerdo, con "serenidad", tras las municipales.
En declaraciones a Europa Press, Márquez recordó que la declaración de ZEPA, para proteger la población de avutardas que anida en el Guadiato, "sigue siendo todavía un borrador, que además no se pretende imponer por la Junta de Andalucía, pues no puede olvidarse que acordamos el pasado febrero con las organizaciones agrarias, los alcaldes de la zona afectada, y una comisión de agricultores, crear una comisión técnica para buscar el consenso, pero es que todavía las organizaciones agrarias y los ayuntamientos no nos han dicho quienes serán sus representantes en la comisión".
Por eso, Márquez consideró que "este es un debate absolutamente gratuito que se acabará, con la serenidad necesaria, a partir del 28 de mayo, y por eso desde la Junta convocaremos a todas las partes a una reunión inmediatamente después de las próximas elecciones municipales, porque esta cuestión debe abordarse desde el consenso".
En este sentido, Márquez afirmó que "el compromiso de la Junta es que las medidas que recoja la ZEPA no supongan un perjuicio para la actividad de los agricultores de la zona, y por eso no tiene sentido crear alarmismo al respecto, sobre todo por quien, como el presidente de Asaja-Córdoba (Ignacio Fernández de Mesa), no ha asistido a ninguna de las reuniones a las que le hemos invitado para hablar de la ZEPA, mientras que sí acudieron el resto de organizaciones agrarias, de forma que si desde Asaja se busca crear una controversia de carácter partidario, la Junta no va a entrar a ese juego".
En cualquier caso, Márquez aseguró que el Gobierno autonómico va a ser "receptivo" a todas las sugerencias que se le presenten y que estudiará las perspectivas de futuro que la iniciativa privada y los agricultores y ganaderos de la zona tienen, y cómo podría verse eso afectado por las medidas de protección para la avutarda que se recogen el borrador de la ZEPA.
De este modo, explicó que la idea es que la redacción del decreto sea compatible con esas iniciativas empresariales, y para ello, en el seno de la comisión se irían evaluando las alegaciones ya presentadas al borrador de decreto, tratando de consensuarlas para la redacción definitiva del mismo, pues, según subrayó el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, lo que la Junta busca es "entenderse con los agricultores afectados y encontrar una solución, de forma serena y pacífica y, desde luego, desde el consenso, sin ningún tipo de imposición por parte de la Junta".
Con este fin, a partir de la constitución de la citada comisión técnica, se establecerían también mesas de trabajo para ir abordando las distintas casuísticas y contemplar la posibilidad de determinar zonas con distintos niveles de protección.
