CORDOBA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía someterá a "revisión jurídica" el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, que aún no ha recibido y que no descarta impugnar, por el que se aprobó el pasado 11 de mayo el plan de actuación urbanística que la empresa Al-Andalus Gold, filial de Festina, quiere desarrollar para construir una fábrica de relojes.
En declaraciones a Europa Press, el delegado de Obras Públicas de la Junta en Córdoba, Francisco García, explicó que, en cualquier caso, la revisión del acuerdo plenario y su posible impugnación, vía recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "no supone ninguna acción extraordinaria, sino la aplicación de un procedimiento normalizado".
La Delegación de Obras Públicas de la Junta emitió en su día un informe que no fue tenido en cuenta por el Ayuntamiento de Villafranca en su acuerdo plenario, en el que expresa su opinión desfavorable respecto a algunos aspectos del plan urbanístico aprobado, tales como el supuesto incumplimiento de la distancia mínima a otras edificaciones del proyecto de la empresa relojera.
También expresó la Junta dudas en su informe acerca de la consideración de interés público de esta actuación, que sólo estaría justificada, a su juicio, por la inexistencia de suelo urbano calificado de uso industrial en el municipio, ya que sobre el que se pretende actuar tiene ahora la calificación de rústico.
"El papel de la Junta en este caso --prosiguió García-- fue el de emitir un informe sobre el plan urbanístico, antes de su aprobación definitiva, un informe que es preceptivo, pero no vinculante, y ahora, al igual que ocurre con cualquier otro acuerdo de Pleno de cualquier ayuntamiento de la provincia y que sea relativo a planeamiento urbanístico, el plan aprobado por el Pleno municipal tiene que ser inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos".
De esta forma, "cuando se presente ante dicho registro el expediente en cuestión, el Gabinete Jurídico de la Junta lo analizará y, como haría con cualquier otro acuerdo plenario, determinará si hay o no materia para la impugnarlo, pero lo cierto es que todavía no nos ha llegado esa comunicación oficial del acuerdo plenario y sería frívolo por mi parte pronunciarme con antelación", según García.
"Si llegara a impugnarse --concluyó el delegado de Obras Públicas de la Junta en Córdoba-- se haría ante el TSJA, pero eso todavía está por ver, porque primero tiene que llegarnos el acuerdo y después debe estudiarlo el Gabinete Jurídico de la Junta, como hace con cualquier acuerdo plenario remitido por cualquier ayuntamiento de la provincia, porque ese es el procedimiento establecido, igual para Córdoba capital que para los ayuntamientos de la provincia".
CIUDAD SANITARIA
Por otro lado, García se refirió al acuerdo del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba en cuanto a recurrir por la vía contencioso-administrativa y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la resolución de la Junta de Andalucía que suspende provisionalmente el Plan de Sectorización del PAU Ciudad Sanitaria 1.
El delegado de Obras Públicas de la Junta en Córdoba afirmó al respecto que el Ayuntamiento cordobés "está en su derecho, dentro del juego democrático, es decir, si una institución entiende que para defender sus posiciones tiene que recurrir, en este caso al TSJA, pues me parece respetable y no tengo más que decir, salvo que nosotros estamos seguros de nuestra posición y si ellos consideran que deben defender su postura a través del TSJA pues están en su derecho".
El presidente de la GMU, Andrés Ocaña (IU), ya explicó que con la acción judicial el Ayuntamiento no hacía otra cosa que "actuar en defensa de las competencias y la autonomía municipal, que invade y no respeta la Junta al pretender recortar la potestad del Ayuntamiento para determinar la altura edificable, la alineación o la instalación de una gasolinera" en el plan urbanístico diseñado por la GMU para el entorno del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
El proyecto urbanístico pretende dotar de servicios de hostelería y hospedaje, tanto al complejo hospitalario como al Campus de la Salud, aunque la Junta rechazó algunos puntos del documento presentado por la GMU, en cuanto a la ordenación estructural y pormenorizada del proyecto y por la instalación de la mencionada estación de servicio.