CORDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), afirmó hoy que el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río "es legal y está en vigor, porque la Ley dice que un Plan Especial lo aprueba un ayuntamiento, y el Ayuntamiento de Córdoba lo ha aprobado, le guste o no le guste a quien sea".
En rueda de prensa, Ocaña salió así al paso de lo dicho hoy mismo por el secretario de Organización del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, quien pidió "prudencia" a Ocaña y, antes de dar licencia al proyecto de actividad presentado por Arenal 2000 para la venta al mayor en las conocidas como naves de Colecor, al amparo del citado Plan Especial, que espere a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicte sentencia sobre el recurso que la Junta de Andalucía presentó contra el Plan Especial, cuya legalidad cuestiona la Junta al entender que contraviene el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Ante esto, Ocaña insistió en que dicho Plan Especial, que legaliza las citadas naves, levantadas sin licencia y en su momento en suelo no urbanizable, "lo aprobó el Ayuntamiento en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio de sus competencias, cuestión que para algunos era la mayor barbaridad del mundo mundial, hicieron una reclamación y el tribunal no les ha dado la razón", refiriéndose así a que el TSJA ha rechazado la suspensión cautelar que pidió la Junta del acuerdo plenario por el que se aprobó el Plan Especial, aunque el Alto Tribunal Andaluz aún tiene que resolver sobre la legalidad del mismo y dictar sentencia, es decir, aún no se ha pronunciado sobre el recurso de la Junta contra el Plan Especial.
En cualquier caso, el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) consideró que este tipo de cuestiones hay que verlas "con normalidad, y así se hace desde el Ayuntamiento, aunque otros están empeñados permanentemente en deformar las cosas y llevarlas a unos terrenos en donde los hechos, al final, los están dejando en evidencia".
De manera que, "esas naves, u otras instalaciones y peticiones relativas a las mismas que haya en el marco del Plan Especial, tienen cobertura perfectamente legal, dado que el Plan Especial está en vigor, y mientras nadie diga, en el marco del Estado de Derecho, que es ilegal, pues entonces es legal, y no porque lo diga yo, sino porque los actos administrativos, en el Estado de Derecho en que vivimos, están perfectamente regulados, y tienen unos trámites y unos requisitos que, una vez cumplidos, determinan que se ha cumplido con la legalidad, y si alguien discrepa respecto a esa legalidad, pues tiene que demostrarlo".
En consecuencia, según insistió Ocaña, "hoy por hoy el Plan Especial es perfectamente legal y quien lo cuestione tiene que demostrarlo, y no al revés".