Córdoba.- Ocaña dice que no es "ningún privilegio" que los afectados por el aeropuerto puedan optar a VPO sin sorteo

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Andrés Ocaña, afirmó hoy que el hecho de que los propietarios afectados por la ampliación del aeropuerto puedan optar a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) "no supone ningún privilegio" y la ley les ampara.

En rueda de prensa, Ocaña explicó que en todos los procesos expropiatorios de proyectos públicos existe el derecho del expropiado a que, si no tiene otra vivienda, la administración le garantice una vivienda, e insistió en que lo que no se va a hacer es permutar viviendas por suelo.

El responsable de Urbanismo dijo que "a todos los ciudadanos afectados por esta situación se les va indemnizar económicamente y a partir de ahí quien quiera una VPO porque no tenga otra residencia la ley le ampara para que el Ayuntamiento le pueda ofertar una vivienda de VPO, lógicamente adquiriéndola".

Según apuntó, "no se trata de dar un privilegio a nadie" e insistió en que quien sea propietario de un suelo que tenga que poner a disposición de AENA para la ampliación del aeropuerto "obtendrá su indemnización económica y los que quieran que la administración le resuelva el derecho de la vivienda y no tenga otra, nuestra obligación como Ayuntamiento es ofrecérsela".

De este modo, los afectados podrán tener acceso a una VPO sin sorteo, si bien para ello no deberán tener otra vivienda. Ocaña quiso dejar claro que "el derecho al realojo existe y no contraviene el derecho general de los ciudadanos que puedan acceder a VPO". Los requisitos con los que deben contar son también tener un nivel de renta que le permita estar en la horquilla de beneficiarios de VPO y residir en Córdoba, es decir, "los requisitos que se le aplica a todo el mundo", subrayó.

INTERÉS GENERAL.

Por otra parte, Ocaña apuntó que el proyecto de ampliación seguirá adelante aunque no se llegue a un acuerdo con los vecinos porque como dijo, "no se supedita a que el propietario de los suelos estén de acuerdo o no", si bien apostó por hacer un esfuerzo para que se imponga el diálogo. Según señaló, "la defensa de sus intereses no va a ser óbice para que no se desarrolle el proyecto".

De este modo, subrayó que "cuando una obra es de interés general eso tiene prevalencia sobre las demás cuestiones y en este caso se trata de una infraestructura pública, de Estado y la ley establece una calificación que es de interés general que dice que el interés privado se tiene que supeditar al público". Por tanto, en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo con los propietarios se pondrá en marcha la vía expropiatoria que establece la ley como instrumento jurídico que permite que el objetivo general se pueda hacer.

Sobre el número de parcelas afectadas, respondió que no es que no haya transparencia, tal y como apuntó ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento José Antonio Nieto, sino que, como explicó Ocaña, en este momento no está el número preciso porque Aena está trabajando con el registro de la propiedad y por eso aún se desconoce. Por tanto, una vez que el trabajo registral y de identificación del propietario esté terminado se sabrá.

No obstante, hay una primera aproximación de 64 viviendas y tres naves afectadas que se señalaron en su día en el informe de la GMU, pero esa cantidad puede ser aumentada.