CORDOBA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tomó conocimiento hoy del dictamen emitido y aprobado por unanimidad por la comisión de investigación de urbanismo, la cual se cerró sin acuerdo sobre las conclusiones, que hoy no se aprobaron ni votaron en el Pleno, pero que sí expusieron, en tres versiones distintas, el gobierno municipal de IU y la oposición (PP y PSOE).
En primer término intervino el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, quien dijo estar "muy satisfecho" con el papel jugado por su grupo en este asunto y ratificó "la denuncia que hicimos en su día sobre trato de favor, privilegios y urbanismo a la carta", que había dado el gobierno municipal de IU, según Hurtado, a un determinado promotor urbanístico, lo cual desembocó, a propuesta del PP en la creación de la citada comisión de investigación, ya extinguida.
El resultado de la misma, a juicio de Hurtado, es que "la gestión urbanística debe corregirse", para que así "se apliquen las medidas cautelares, de reparación de la legalidad y sancionadoras por igual a todos", ya que, según argumentó, con la comisión se ha probado que "se dan situaciones de ilegalidad urbanística de mucha importancia y consideración, por obras realizadas sin licencia alguna o con licencia inadecuada". Y citó como ejemplos las naves y las oficinas de Colecor, o la construcción de viviendas en la Carrera del Caballo, entre otras actuaciones urbanísticas del empresario Rafael Gómez, supuesto beneficiario del "trato de favor" municipal, pues no se paralizaron las obras y sólo en un caso se sancionó, con 9.372 euros.
El siguiente en el uso de la palabra fue el portavoz del PP, José Antonio Nieto, quien se lamentó, según se ha comprobado a su parecer en la comisión de investigación, de que el Ayuntamiento de Córdoba se inhibiera o no actuase con la diligencia y contundencia que debiera ante "hechos en el ámbito urbanístico suficientemente probados, notorios, manifiestos y escandalosos", refiriéndose así a los mismos casos ya citados y que tienen como protagonista al promotor inmobiliario ya citado.
A juicio de Nieto, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), es la máxima responsable de ello, pues "avala esas actuaciones mediante la aplicación de una política, de la que el propio responsable del Urbanismo municipal (Andrés Ocaña) es una víctima más, que es a todas luces una política poco seria, torpe, errática y fruto del populismo que ejerce constantemente la alcaldesa".
Aún así, el portavoz popular dijo que prefería con el acuerdo unánime del dictamen de la comisión de investigación, que incluye el relato de hechos del secretario de la propia comisión y una serie de propuestas de futuro para mejorar la gestión urbanística en el Ayuntamiento. Por ello, según Nieto, al respaldar dicho dictamen, que no incluye petición de responsabilidades políticas ni conclusiones, los populares han demostrado que son "consecuentes y responsables".
El último en hacer uso de la palabra sobre esta cuestión fue el primer teniente de alcalde, delegado de Urbanismo y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento cordobés, Andrés Ocaña (IU), quien aseguró que con este asunto "alguien se ha puesto el traje de inquisidor", siendo Ocaña el acusado.
Así, según recordó, "cuando una persona era denunciada ante la Inquisición era esa persona quien debía demostrar su inocencia y, para ello, se le prendía fuego, de forma que si no ardía es que era inocente, y algo así ha ocurrido en Córdoba en los dos últimos meses, que han sido muy creativos, pero es que el Estado de Derecho no funciona de esta forma".
Ocaña se refirió así a las críticas que el gobierno municipal de IU en general, y él en particular, han recibido a cuenta de la gestión urbanística municipal, especialmente por el PSOE, pero también por el PP, "cuando lo cierto es que IU no puede imponer su criterio", pues gobierna con mayoría minoritaria, "y prueba de ello es que los últimos más de 1.200 expedientes, en un 99 por ciento de los casos, se aprobaron por unanimidad".
A ello hay que sumar, según concluyó Ocaña, que con la comisión de investigación "se ha constatado" lo que ya defendía el gobierno municipal, "que cada decisión y expediente que se ha aprobado venía avalado por informes técnicos, es decir, que se han seguido criterios técnicos, no políticos, confirmándose que la transparencia y la equidad eran la norma y que no se ha producido ninguna ilegalidad o irregularidad en la labor de la GMU".
