El PP anuncia, al rechazarse una comisión de investigación, que buscará la verdad por las vías jurídica y política
CORDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El gobierno socialista y el grupo de IU acordaron hoy en el Pleno de la Diputación de Córdoba adelantar la auditoría interna que se le realiza periódicamente a la Empresa Problencial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) para así aclarar las dudas sobre su correcta gestión que dicen tener PP e IU.
Por lo que respecta a la petición de que dimita el gerente de dicha empresa pública dependiente de la Diputación cordobesa, Blas Molina, que planteó IU, y sobre su cese, que sugirió el PP a la presidenta de Epremasa, Francisca Carmona (PSOE), tales propuestas no se han atendido, ni por el gobierno socialista, en el último caso, ni con respecto a su dimisión, por el propio interesado, a quien hoy respaldó con un comunicado todo el comité de dirección de Epremasa y ayer el comité de empresa.
Todo ello fue tratado en un Pleno en el que lo que se planteó como arranque del debate fue la propuesta del PP de crear una comisión informativa especial para investigar "una serie de indicios" que "dan lugar a dudas sobre la gestión de Epremasa", las cuales, según destacó el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, viene planteando su grupo en el seno de la empresa pública "desde noviembre de 2005", con 21 solicitudes de información concretas que, según aseguró, no han sido satisfechas. De hecho, Torrico exhibió una carta que le remitió este mismo mes Carmona en la que, según leyó, le dijo que los consejeros del PP podían pedir ver los expedientes que quisieran, pero no sacar copia de los mismos.
El portavoz popular, quien apeló a la coherencia de IU para que apoyase la creación "de la comisión de investigación", dada su posición general favorable a cualquier comisión de este tipo, relató detalladamente cuales son las cuestiones sobre las que los populares han solicitado y no obtenido información, en base también a "hechos objetivos", como que Molina "siguió siendo apoderado de tres empresas privadas del sector de los residuos a la vez que ya era gerente de Epremasa, o que "se adjudicaron por Epremasa a la empresa privada de la que Molina fue anterior responsable los servicios que antes tenían adjudicados a ocho empresas".
Torrico se preguntó si puede considerarse "normal" que se produzcan situaciones como éstas y que no se investiguen, o "que haya vinculaciones familiares hasta en diez casos", de trabajadores de Epremasa con respecto a responsables de la empresa pública, a lo que añadió Torrico la reiterada pregunta de "si es normal que la empresa privada de la que fue anterior responsable el gerente de Epremasa tenga su sede social en un piso de la jefa de Administración de Epremasa".
Finalmente y ante el rechazo de PSOE e IU a la creación de la comisión especial propuesta por su grupo, Torrico anunció que los populares agotarán "todas las vías, en los ámbitos jurídico, administrativo y político, hasta llegar al fondo de la cuestión, porque queremos saber la verdad".
PSOE E IU
La vicepresidenta segunda y portavoz del PSOE en la Diputación, Claudia Zafra, fue la encargada por el gobierno socialista de dar la réplica a Torrico, alegando que a ella le parece que "lo normal es no hacer caso de rumores, sino de informes técnicos, como el informe jurídico del secretario del consejo de Epremasa y jefe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, que dice que no se ha producido ninguna ilegalidad en la gestión de Epremasa, o las repetidas auditorías internas, hechas por técnicos, y también externas, que ha venido superando Epremasa sin que se aludiera a una sola irregularidad en su gestión".
A ello sumó la invitación de que los consejeros del PP en Epremasa pidan toda la información que consideren oportuno, pues la obtendrían, y que, de hecho, "así lo han hecho administrativos del grupo popular, que pidieron y vieron lo que consideraron oportuno", aunque ello no impide que, además, que se adelante la realización de la auditoría interna que viene haciendo habitualmente la Diputación a Epremasa, las últimas en 2003 y 2005, para llevar luego sus resultados a una junta general de Epremasa, en la que, en función de los datos obtenidos, adoptar las resoluciones que se consideren precisas.
El PSOE aceptó así la propuesta, en dicho sentido y con la precisión de que dicha auditoría debe estar culminada antes de que concluya el presente mandato, que hizo el viceportavoz de IU, Andrés Hens, quien justificó la negativa de su grupo a apoyar la comisión de investigación propuesta por el PP alegando que no era lo apropiado "a estas alturas del mandato y casi en campaña electoral, pues acabaría siendo un circo".
Por ello, lo más apropiado, a juicio de Hens, es el adelanto de la citada auditoría interna, para despejar unas dudas, que especialmente tiene IU respecto a "los procesos de adjudicación de servicios por Epremasa y en cuanto a la contratación de personal", ya que, según subrayó, su grupo, al igual que el PP, solicitó la relación de puestos de trabajo (RTP) de Epremasa y todavía no se les ha facilitado. Para Hens, son dudas sobre la gestión de Epremasa que, al margen de los aspectos legales, "aconsejarían la dimisión del gerente, por el bien de la empresa".
