CORDOBA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a M.R.R. a tres años y tres meses de prisión y una pena de multa de 10.681.783 euros, como triple de la cantidad defraudada, por un delito continuado con la Hacienda Pública.
Según señala la sentencia a la que Europa Press ha tenido acceso, se ha considerado probado que M.R.R. presentó declaraciones individuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios fiscales de 1993 y 1994, declarando ingresos procedentes de rendimientos de actividad agrícola (venta de aceitunas) y de la construcción, sin embargo en 1995 no presentó dicha declaración.
Por ello, a finales de septiembre de 1997 los servicios de inspección de la Agencia Tributaria iniciaron un expediente de revisión de tales declaraciones fiscales, requiriendo a la condenada para que aportara la documentación contable oportuna para comprobar la exactitud de los rendimientos económicos declarados. Pese a que tuvo conocimiento de las reiteradas citaciones, M.R.R. no compareció en ninguna de ellas.
De este modo, y puesto que no aportó ni los libros de contabilidad de las actividades empresariales por las que declaró que obtenía ingresos, ni justificantes de gastos, la Administración Tributaria acudió al régimen de estimación indirecta para determinar la base imponible.
Según señala la sentencia, al parecer tampoco aportó los movimientos de las cuentas bancarias en las que figuraba como única titular y que le eran propias, por lo que procedieron a investigar las cuentas recabando la información que facilitaron las entidades bancarias. Una vez investigadas las cuentas, se comunicó a la acusada la necesidad de justificar la procedencia de las cantidades que figuraban en los extractos como abonadas en cuenta, sin que la reiterada remisión de citaciones tuviera resultado en orden a aclarar las operaciones.
Posteriormente, el 18 de marzo de 2005 se emite un segundo informe contradictorio por la Inspección de Tributos en el que se vuelven a analizar todos los movimientos de las cuentas bancarias de cantidades "cuya procedencia no aparece justificada". En este informe se resalta igualmente que "existe una enorme desproporción entre el volumen de ingresos en cada una de las actividades (agrícola y construcción) y los ingresos en cuentas bancarias.
Por tales hechos, que constituyen un delito continuado contra la Hacienda Pública, M.M.R. deberá pagar además en concepto de indemnización de perjuicios, la cantidad de 3.560.594 euros.
