CORDOBA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Córdoba por el que se aprobó de forma definitiva el texto refundido del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río.
Según informó hoy a Europa Press la Junta a través de un comunicado, dicho recurso tiene como base que, en su momento, la Consejería de Obras Públicas emitió ante este Plan un informe desfavorable, que no fue tenido en cuenta por el Ayuntamiento de Córdoba, lo que ha motivado el recurso interpuesto por la Consejería tras la aprobación definitiva del Plan por el Pleno del Ayuntamiento cordobés, que tuvo lugar el pasado 12 de enero.
El recurso, según informó hoy Canal Sur Radio, se basa en la posible modificación de usos de la zona a la que se refiere el Plan Especial y en la ampliación del volumen de edificabilidad de las llamadas naves de Colecor, que levantó en el lugar, sin licencia y en su momento en suelo no urbanizable, la empresa Arenal 2000, y cuya regularización se permitiría con el Plan Especial.
A juicio de la Junta, esta operación requeriría una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no sólo un Plan Especial, de la misma forma que se considera desde la Junta que la acción urbanística debe adecuarse a las recomendaciones de la Consejería de Cultura, dado que la zona está en las inmediaciones del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en un ámbito geográfico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
El delegado de Obras Públicas de la Junta en Córdoba, Francisco García, ya anunció con anterioridad, en declaraciones a Europa Press, que se sometería a "revisión jurídica" el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, asegurando que ello no suponía "ninguna acción extraordinaria, sino la aplicación de un procedimiento normalizado", a la vez que aclaró que "el Ayuntamiento de Córdoba tiene las competencias en cuanto a la aprobación definitiva del Plan Especial y, de hecho, lo redactó a partir de una propuesta externa y lo aprobó inicialmente, luego lo sometió a exposición pública y recibió alegaciones, y lo aprobó definitivamente".
"El papel de la Junta en este caso --prosiguió García-- fue el de emitir un informe sobre el Plan Especial, antes de su aprobación definitiva, un informe que es preceptivo, pero no vinculante", pero cuya no aceptación en su totalidad es, en cualquier caso, lo que ahora lleva a la Junta a recurrir ante el TSJA el acuerdo plenario sobre el Plan Especial.
POSTURA MUNICIPAL
Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Ocaña, ya dijo a Europa Press, ante la posibilidad de que la Junta recurriera ante el TSJA el Plan Especial, que no creía que hubiera base legal para ello, pues, según recordó, el texto aprobado por el Pleno "incluyó correcciones que nos pidió Obras Públicas, pero, sobre otras cuestiones, que son de competencia municipal, como la relativa a decidir respecto a los usos del suelo que son compatibles, no le dimos la razón a la Junta".
A juicio de Ocaña, "parece que elementos como éste se quieren obviar de manera intencionada, pues estamos hablando de una tramitación respecto a la que la Administración autonómica tiene unas funciones y la administración local tiene otras, y desde el Ayuntamiento no hemos hecho otra cosa que ejercer nuestras competencias en materia urbanística y yo no entiendo que eso sea recurrible, pero no pasa nada si así fuera, estamos en un Estado de Derecho y quien entienda que tiene que hacer valer otras cuestiones y buscar que se le dé la razón en los tribunales puede hacerlo tranquilamente".
De forma que, si ese fuera el caso, para el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ello no supondrá motivo de preocupación, "pues el informe técnico de la GMU (respecto al encaje en la normativa del Plan Especial) es lo suficientemente solvente como para tener la seguridad de que se ha hecho lo que se debía", desarrollando el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, según la propuesta redactada por Arenal 2000, pero bajo control y tramitación municipal y en base a lo previsto para dicha zona en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Por ello, según concluyó el también portavoz del gobierno municipal de IU, "si la Junta entiende que hay razones para recurrir lo que es el ejercicio de la soberanía municipal pues que lo haga, está en su derecho y nosotros lo respetamos, lo mismo que defendemos que se respete al ayuntamiento".
La modificación del planeamiento urbanístico de la zona en cuestión, para regularizar las naves de Arenal 2000 y otras situaciones similares de empresas de carácter industrial en el entorno de la antigua factoría lechera de Colecor, obtuvo el voto afirmativo en el Pleno del gobierno municipal de IU y del grupo popular, frente al voto contrario de los socialistas, que hicieron alusión al citado informe de la Junta crítico con el Plan.