Córdoba.-Tribunales.-La zanja del derrumbe de Santa Marina era más grande de lo previsto, según la arqueóloga de la obra

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La zanja hecha en una obra junto a una casa del barrio cordobés de Santa Marina, que pudo provocar el derrumbe de dicha vivienda, en el que murió un matrimonio el pasado febrero, era el doble de grande de lo estipulado en el libro de órdenes del arquitecto de la obra, según declaró hoy en el juzgado que instruye el caso la arqueóloga de la obra.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de una parte de los familiares de los fallecidos, Eduardo Villarejo, aseguró que "el testimonio de la arqueóloga ha sido fundamental", pues, a preguntas de las partes en el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba, "ha aclarado cuáles eran las dimensiones de la zanja, pues, según lo que ella vio tenía ocho metros de ancho, en lugar de cuatro, y su profundidad de tres metros y medio, y no de un metro y pico", es decir, el doble que lo afirmado ante la jueza por otros testigos.

La arqueóloga, quien además aportará las fotografías que a diario tomaba en la obra durante los movimientos de tierra, ante la posible aparición de restos arqueológicos, apuntó también que el día anterior al derrumbe, que tuvo lugar el pasado 21 de febrero, "hubo una discusión muy tensa entre el capataz y el encargado de la obra, ambos imputados", porque el primero le dijo al segundo "que no se estaba haciendo en las condiciones adecuadas el batache", que es un sistema de excavación por tramos empleado cuando el terreno junto a la zanja o corte que se está practicando debe soportar cargas a una cota superior a la del fondo de la excavación, por ejemplo un edificio colindante, como era el caso.

Estos datos, facilitados hoy por la arqueóloga de la obra hacen, a juicio de Villarejo, que sea "clave" la práctica de la prueba pericial sobre la zanja, ordenada el pasado julio por el juzgado, pero que "está pendiente de que la Junta de Andalucía autorice el pago de la cantidad presupuestada por el perito".

Dicha prueba servirá para establecer las dimensiones exactas, en anchura, longitud y profundidad, que tenía la mencionada zanja, y también para determinar si la zanja o el modo en que se ejecutó tuvo relación o no con el derrumbe del muro de la casa contigua a la obra y que pudo estar relacionado, igualmente, con su antigüedad y mal estado y con las vibraciones que, según han declarado ya algunos testigos, provocaban las obras, algo de lo que los trabajadores de la obra ya declararon que nadie les avisó.

Villarejo manifestó no entender que al iniciarse las obras en el solar anexo a la casa no se protegiera el muro y destacó la importancia de la prueba pericial de la zanja, que "servirá para comprobar si se cumplieron las especificaciones recogidas en el libro de órdenes del arquitecto de la obra".

En este sentido, Villarejo señaló que hasta que no haya un informe definitivo que determine la causa exacta del derrumbe, no se podrá determinar quiénes son los responsables del mismo, aunque insistió en que, "si los arquitectos ven que una vivienda tiene una antigüedad de más de 100 años, lo normal es que se haga una cata y se determine el estado del muro para ver si se tiene que adoptar alguna medida de seguridad".

Precisamente, en función del resultado de las pruebas periciales y posibles nuevas testificales aún pendientes, el letrado aclaró que, "además de la presunta comisión de un delito de homicidio involuntario, se podría estar hablando de otro delito contra la seguridad de los trabajadores, si bien esto se determinará cuando se sepa si se adoptaron o no las medidas preventivas adecuadas".

ANTERIORES DECLARACIONES.

También prestaron ya declaración ante la jueza que lleva el caso dos testigos, además del arquitecto, el aparejador y el capataz de la obra, éstos tres últimos en calidad de imputados, asegurando una testigo que, poco antes de producirse el derrumbe, ella vio como se estaba trabajando con una máquina, sacando tierra de la zanja en cuestión, lo que se contradice con lo ya asegurado por los obreros, quienes dijeron que dicha máquina estaba con el motor en marcha, pero sin trabajar.

A esa zanja se refirió también el capataz, quien declaró, tal y como hoy ha corrobarado la arqueóloga, que él había comunicado a uno de los responsables de la empresa constructora que no estaba de acuerdo con cómo se estaba haciendo la referida zanja, mientras que el arquitecto y el aparejador afirmaron ante la jueza que ellos habían actuado correctamente, dando las instrucciones adecuadas y conforme a lo que determina la normativa.

También comparecieron ya ante la jueza el representante legal de la constructora y el representante legal de la promotora de la obra, que igulamente prestaron declaración en calidad de imputados, asegurando que nadie les avisó del mal estado del muro de la casa que se derrumbó, en la calle Palomares, y que desconocían un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de 1997 que alertaba de su deterioro.

El suceso tuvo lugar pasadas las 8.00 horas del pasado 21 de febrero, cuando comenzaron a trabajar las máquinas en el solar anexo a la casa luego derribada, en el que se estaban construyendo diez viviendas y algunas cocheras. El matrimonio falleció, mientras que su hijo pequeño sufrió heridas graves, resultando ilesa la hija mayor, que pudo salir a tiempo del inmueble.