CORDOBA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Córdoba ha pedido al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Antonio Martín Caro, que aclare si la decisión de la Junta de Fiscales cordobesa de endurecer las penas para quienes agredan a personal sanitario incluye también a celadores y administrativos de centros sanitarios.
A través de un comunicado, los responsables de salud de la FSP de UGT-Córdoba quieren que se especifique "cuáles serán los colectivos de la Sanidad pública, además de a los de la Enseñanza pública, a los que se aplicará dicho acuerdo, adoptado la pasada semana por la citada Junta de Fiscales, y que se materializará, en base a la unificación del criterio a aplicar por los fiscales en estos casos, en cuanto a la petición de condenas más duras para los agresores de médicos, enfermeros y profesores.
Sin embargo, para UGT, el hecho de que el referido acuerdo de la Junta de Fiscales se refiera a los profesionales sanitarios, considerando como tales a médicos y enfermeros, "supone el olvido de otras categorías laborales que se ubican en el mismo espacio físico, es decir, en hospitales y centros de salud, y que también se exponen a ciertas agresiones".
En este sentido, desde el sindicato se recordó que "el Estatuto Marco de la Sanidad no reconoce como categoría sanitaria a los celadores, celadores-conductores, administrativos o asistentes sociales, entre otros, sino que los clasifica como personal de Gestión y Servicios, pero para la FSP de UGT son trabajadores del campo de la Salud, que prestan también un servicio público con la atención directa al ciudadano".
Por ello, caso de no recogerse a estos colectivos en el plan de acción de la Fiscalía, "la FSP de UGT demanda que se le dé el mismo tratamiento a todos los profesionales que realizan su labor en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), porque todos, sanitarios y no sanitarios, son objeto de agresiones.
