Córdoba.- Los vecinos de la Victoria piden a la alcaldesa que diga con claridad si aplicará o no la Ley Antibotellón

CORDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Victoria, Antonio Ruiz Cabello, pidió hoy a la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), que se deje de "paños calientes", en función de intereses "electoralistas", respecto a la Ley Antibotellón, y "que diga con claridad si aplicará la Ley, porque las leyes o se cumplen o no se cumplen".

En declaraciones a los periodistas, Ruiz Cabello, quien representa al colectivo vecinal que siempre se ha opuesto al 'botellódromo' que el Ayuntamiento de Córdoba instauró en los Jardines de la Victoria, reaccionó así ante la afirmación de Aguilar de que el Consistorio cordobés aplicará la nueva Ley, pero que no perseguirá a los jóvenes que la incumplan.

A este respecto, el portavoz vecinal aseguró que la actitud de Aguilar responde a fines "claramente electoralistas, porque no resulta popular imponer sanciones a los jóvenes o a sus padres".

Ley del 'botellón' fue aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 11 de octubre y prohíbe el consumo de bebidas en zonas distintas a las previamente establecidas por cada ayuntamiento, no permite el aprovisionamiento de bebidas mediante encargos telefónicos, por mensajería o cualquier otro medio, e incide en otros preceptos ya recogidos en las ordenanzas municipales como son la prohibición de abandonar envases en la vía pública o la de realizar las necesidades fisiológicas en la calle.

Uno de los capítulos más importantes de la ley es el que persigue las malas prácticas empresariales de quienes pretenden lucrarse aprovechando esta forma de ocio. Así, los ayuntamientos podrán adoptar medidas que van desde la suspensión temporal de la licencia de actividad de un local que no cumpla la norma, pasando por su cierre temporal, por exigirle una fianza para su reapertura o por la incautación de los bienes directamente implicados en el caso denunciado. Como máxima sanción, los ayuntamientos podrán decretar la inhabilitación de un empresario que sea reincidente en sus infracciones.

La nueva normativa prohíbe la concentración de personas que consuman bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que determinen los ayuntamientos, que contarán ahora con un "instrumento jurídico" para regular el ocio en espacios abiertos, aunque Naranjo advirtió de que "si alguien se niega a hablar con todos los sectores, de nada servirá su aplicación".

La Ley excluye las ferias, verbenas, terrazas y veladores debidamente autorizados, así como las concentraciones derivadas de actos de carácter político, religioso, turístico o cultural, y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Además, no permite el aprovisionamiento de bebidas para su consumo en espacios abiertos mediante encargos telefónicos, por mensajería o cualquier otro medio; el abandono de envases y restos de bebidas y la realización de necesidades fisiológicas en la calle, prácticas éstas que podrán ser sancionadas hasta con 600 euros.

En el ámbito empresarial, los comercios no podrán vender ni entregar bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas, aun cuando la venta se haya producido con anterioridad y los establecimientos de hostelería y ocio nocturno tampoco podrán servir copas para su consumo fuera del recinto del local y del espacio autorizado correspondiente a terrazas o veladores.

Así, la nueva legislación establece que los ayuntamientos serán los que determinen los espacios abiertos en los que pueden autorizarse concentraciones de ocio, así como las condiciones que han de respetar, y también tendrán competencias para realizar las correspondientes labores de inspección, control y sanción. En este sentido, Naranjo confió en el "buen hacer" de los regidores para controlar los 'botellones' a partir de la aprobación de la Ley, que les aportará un "nuevo instrumento" a los que ya disponen con las ordenanzas municipales.

Las medidas cautelares de intervención sobre el terreno que adopten los agentes de la Policía Local deberán ser ratificadas por los consistorios en el plazo de dos meses, ya que la nueva norma otorga al alcalde la potestad sancionadora dentro del término municipal, con multas que van desde los 600 y a los 60.000 euros.