Cortés insiste al TC que "deje desplegar" la ley antidesahucios, que "busca defender el derecho humano a la vivienda"

Prepara el informe que enviará al Constitucional para pedir el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma

ANDÚJAR (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha insistido en la necesidad de que el Tribunal Constitucional (TC) "deje desplegar" la ley de Función Social de la Vivienda, cuyo objetivo es "defender el derecho humano a la vivienda".

Así lo ha señalado este martes a preguntas de los periodistas en Andújar (Jaén), donde ha entregado ayudas a diez familias para la rehabilitación de sus inmuebles, y donde se ha referido a la "situación terrible" a la que se intenta poner freno con la citada norma autonómica, en suspenso tras admitir el Tribunal el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central.

En este sentido, la titular de Fomento y Vivienda ha explicado que se continua preparando el informe que se trasladará al TC en el que desde la Junta se solicitará "que no agote los cinco meses para decidir si levanta la suspensión cautelar y, por supuesto, que levante" esta medida.

"No es ni más ni menos que deje desplegar una ley con efectividad en el territorio que busca la defensa del derecho humano a la vivienda, defender a las familias andaluzas ante un posible desahucio", ha comentado Cortés, quien ha destacado que en tres meses de funcionamiento ha habido 34 publicaciones en el BOJA y más de 200 expedientes sobre desalojos en la comunidad, además de asegurar la función social y que no haya viviendas deshabitadas.

Junto a ello, ha afirmado que también se están remitiendo escritos "a los juzgados que entienden de esos 34 desahucios, de esa primera publicación en BOJA", en los que se pide "que hasta en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Constitucional" no se hagan efectivos. En el mismo sentido se están dirigiendo también a las entidades financieras que en su día promovieron la ejecución hipotecaria.

Por tanto, según ha recalcado, se sigue "defendiendo el derecho humano a la vivienda" entendiendo que los gobiernos, en este caso andaluz, "tienen la obligación de defender a la clases trabajadoras y populares de una situación terrible" de "estafa financiera que ellos no han provocado", pero que está teniendo unos "efectos absolutamente devastadores".